La Policía detiene en Madrid a dos personas por enaltecimiento de terrorismo yihadista

Agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional han detenido este miércoles en Madrid a dos personas de nacionalidad españolapor enaltecimiento del terrorismo yihadista, ha informado el Ministerio del Interior.

En la operación, que se realiza bajo la dirección del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, se están practicando cinco registros.

Interior ha recordado que, desde 2015, año en el que se elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA-4), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a un total de 175 terroristas yihadistas.

El Ministerio también recuerda que, a través de la iniciativa ‘Stop radicalismos’, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

Un mosso o un ertzaina cobra entre 900 y 1.000 euros más que un policía nacional un un guardia civil

El grupo de Ciudadanos en el Congreso ha presentado hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a equiparar el salario de los guardias civiles con el de los policías nacionales. Pero, por qué no el de ambos cuerpos con el de los mosso o ertzainas o incluso policías locales de muchas localidades que cobran bastante más que ellos.

Dicen en Ciudadanos que un policía nacional cobra un 30% más que un guardia civil. Tanto el sueldo de unos como de otros dependen de muchos factores, como la antigüedad, el destino, las condecoraciones, la especialidad, etc.

El salario medio de un policía nacional puede rondar los 1.500 euros a los que hay que sumar distintos complementos. El de los guardias civiles queda por debajo, en los 1.350 euros.

Esos sueldos no son sólo ampliamente superados por los mossos y los ertzainas, los policías autonómicos catalanes y vascos, respectivamente, que tienen sueldos medios de 2.400 euros mensuales, es decir, 900 más que un policía nacional y más de 1.000 euros que un guardia civil.

Un mosso o ertzaina cobra 2.400 euros mensuales de media, frente a los 1.500 o 1.350 euros de un gradia civil, que incluso ganan muchos menos que muchos policías locales

Pero es que incluso, muchos policías locales cobran bastantes más que un policía nacional o guardia civil. Es cierto, que dependen de las ciudadades y en las pequeñas localidades con poca población sus sueldos medios son de 1.000 euros, pero en grandes ciudades es habitual que un policía local cobre de media 2.000 euros.

Es cierto que los sueldos de los mossos o ertzainas son competencia de las comunidades autónomas, pero también es cierto que en otrras competencia transferidas, como la educación o sanidad, las diferencias entre los profesionales entre los distintos territorios de España o entre los distintos cuerpos de funcionarios no son tan abultadas como ocurre con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus homólogos en las comunidades autónomas.

Detenido por amenazar de muerte a policías de Binéfar en redes sociales

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Binéfar detuvieron el pasado día 2 de diciembre a un varón de 36 años, vecino de Binéfar, como supuesto autor de un delito de amenazas.
El pasado 30 de noviembre se personaron agentes de la Policía Local de Binéfar en el Puesto de la Guardia Civil, al objeto de formular una denuncia contra un vecino de esa localidad, indicando que habían sido amenazados de muerte en una red social.

En las publicaciones, que fueron expuestas para su acceso al público en general, el ahora detenido insultaba y amenazaba de muerte a los agentes con frases como, “os mataré hijos de puta, os conozco”, “he vuelto, temblar”.

El supuesto motivo de los insultos y las amenazas vertidas, fue a consecuencia de una actuación policial, en la que se detuvo a esta misma persona como supuesto autor de otros ilícitos.

Por todo lo expuesto por la Guardia Civil de Binéfar, se procedió a la localización y detención de un varón de 36 años vecino de esa localidad, como supuesto autor de un delito de amenazas.

Por el Puesto de la Guardia Civil de Binéfar se instruyeron diligencias que junto con el detenido fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Monzón (Huesca). El detenido fue puesto en libertad con cargos.

Acusan a un policía de trapichear y «soplar» redadas a clubes de alterne

Fue a finales del 2006 cuando la Guardia Civil y la Fiscalía de Pontevedra comenzaron a desentrañar lo que pronto empezaron a considerar una activa red de trapicheros que actuaba en buena parte de la provincia. A medida que fue avanzando la investigación se determinó que podía estar ramificada en media docena de grupos -dos con base en O Grove, otros tantos en el entorno de la ciudad de Pontevedra, uno a caballo de Ribadumia y Meis, y el último en Porriño- independientes, lo que a la postre ha derivado en que se formalizase acusación contra más de una veintena de personas.

Entre los procesados, un policía nacional que, en el momento de su arresto en abril del 2007, estaba adscrito a la Comisaría Provincial de Pontevedra. El fiscal considera que Lucas Rodríguez Pazos «simultaneaba su actividad profesional» con «su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban».

En su escrito, el ministerio público reseña que, en un momento, dado se vio «en la necesidad de buscar nuevos proveedores fuera de la provincia». En este sentido, se alude a que supuestamente concertó con Benito Lemos Pérez la adquisición de diez kilos de hachís «que pensaba cambiar por la cocaína que necesitaba» mediante un trueque con otro de los encausados, Santiago Figueira.

A los tres años y medio de prisión que se le piden por un delito contra la salud pública, el fiscal añade una segunda petición de 5.040 euros de multa y año y medio de inhabilitación como policía nacional por un segundo delito contra la Administración Pública de revelación de información reservada.

A este respecto, se sostiene que «avisó de una redada que se pensaba efectuar en el club Cachas Locas a su gerente» con el objetivo de que «las prostitutas extranjeras ilegales que trabajaban allí pudieran irse antes de ser detenidas». Significativa es otra conversación entre este agente y el también acusado Ramiro Castiñeira Martínez en la que este último «le recriminan el no haberles avisado a tiempo» de una redada, así como le comunicaron que los agentes de la brigada de extranjería se habían llevado a una de las chicas «por tener una orden de expulsión para ver si puede hacer algo por ella».

Con respecto a Ramiro Castiñeira se afirma que utilizaba los clubes Cachas Locas y Le Clé, ambos en Poio, para transacciones de estupefacientes. La dinámica en el primero de estos locales era siempre la misma: «Los compradores entraban por la puerta trasera y salían inmediatamente con la droga adquirida».

A la hora de establecer las peticiones de pena, el fiscal asume que la causa ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por «causas imputables solo a la Administración de Justicia, ajenas a los acusados». Se trata de una circunstancia que lleva al ministerio público a aplicar una atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias.

Esto explica que las penas por tráfico de drogas se muevan entre el año de prisión y los cuatro años y medio dependiendo si se estiman que trapicheaban con hachís y marihuana -drogas que no causan grave daño a la salud- o si lo hacían con cocaína. De igual modo, también hay a quien se le imputa tenencia ilícita de armas -se le intervinieron 9 catanas, 88 navajas y diversas armas detonadoras-.

La Policía Nacional recuerda hoy 8 de marzo, la incorporación de personal femenino al cuerpo hace casi 40 años

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La Policía Nacional fue la institución pionera en la incorporación de personal femenino hace casi 40 años. Desde que en 1979 pasaran a formar parte de la Policía las primeras 42 mujeres, su número no ha dejado de crecer y, hoy en día, ya son casi 9.000 agentes. En la actualidad, hay una comisaria principal, 21 comisarias, 150 inspectoras jefas, 644 inspectoras, 516 subinspectoras y 7.386 agentes en la Escala Básica. La incorporación de la mujer supuso un hito en nuestro país y en la historia de la Policía, siendo hoy el cuerpo policial con mayor porcentaje femenino en España.

Desde que en el año 1911 se celebrara por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hasta que en el año 1975 la ONU declarara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, el reconocimiento y la lucha por incorporarla a una sociedad plural e igualitaria, donde su género no la limitara y cuya labor fuera reconocida, no ha dejado de cesar en nuestros días. Fruto de esta superación, en el verano de 1979, ingresaban en la Escuela General de Policía 42 inspectoras. Seis años más tarde, las mujeres accedían también a la Escala Básica, lo cual supuso un hito por la igualdad en nuestro país, siendo la primera institución armada del Estado en hacerlo. Un hecho con enorme trascendencia y que marcaría el devenir de una sociedad plural e igualitaria que reconocería hasta nuestros días la presencia de la mujer en todas las especialidades y niveles de responsabilidad de la Policía Nacional.

En estas casi cuatro décadas las mujeres han ido incorporándose progresivamente a esta institución, hasta llegar a las casi 9.000 que forman parte a día de hoy, lo cual supone un 13% de la plantilla total. La mayoría de ellas pertenecen a la Escala Básica, en concreto 7.386, seguidas en número de efectivos por la Escala Ejecutiva formada por 150 inspectoras jefas y 644 inspectoras. Además, hay 516 mujeres subinspectoras, 21 comisarias y una comisaria principal, responsable de la Comisaría General de Policía Científica.

Desde su incorporación a esta institución, las mujeres han ido integrándose plenamente en todas las especialidades policiales, desde los distintos grupos de prevención o investigación a las áreas más operativas de policía judicial, pasando por distintas secciones de policía científica, como ADN, acústica forense o inspecciones oculares. Desde hace años las agentes también forman parte de unidades más especializadas de seguridad ciudadana, como las 45 mujeres de las Unidades de Intervención Policial (UIP), las 120 de la Unidad Central de Protección (UCP), las 46 de Caballería, las 32 de Guías Caninos o las 10 agentes de la Unidad de Subsuelo.

La presencia de la mujer en todas las especialidades policiales y en los diferentes niveles de responsabilidad es un hecho palpable en nuestros días. De esta manera se alcanza uno de los objetivos clave demandados por la Red Europea de Mujeres Policía, no sólo con mayor presencia femenina, sino también con más mando.

Igualdad efectiva

Dentro de la Dirección General de la Policía, la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de la Policía es el órgano encargado de velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Hoy en día, la Policía Nacional ha alcanzado una igualdad efectiva en todos los aspectos, tanto en la promoción interna como en la ocupación de puestos de trabajo.

Además, la evolución de la conciliación en la Policía Nacional ha ido pareja a la normativa que sobre la materia se ha ido desarrollando por la Administración en general. Con motivo de todas las modificaciones legislativas en este área, en mayo de 2013 una circular de la Dirección General de la Policía abordaba nuevas medidas de conciliación. Entre ellas introducía la flexibilidad horaria como una medida de conciliación para los miembros de la Policía Nacional con hijos menores de 12 años, personas mayores, con discapacidad o que tengan a su cargo a un familiar con enfermedad grave. También introducía la posibilidad de cambio de servicio justificado en los casos de separaciones o divorcios, para poder atender a sus obligaciones como progenitor, así como en los casos de familias monoparentales con hijos menores. La Ley Orgánica de Régimen de personal de la Policía Nacional recoge también en su artículo 7, el derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.