«Papá voy a ser Guardia Civil, sí o sí»

La cabo primera del Destacamento de Tráfico en Lugo y mujer motorista de la Guardia Civil en Galicia explica las dificultades para conciliar la vida familiar con la profesional

Parece que fue ayer y ya pasaron siete años desde que Mónica Revilla Celeiro (Bizkaia, 1979) ejerce en Lugo de Cabo Primero del Destacamento de Tráfico. Han pasado muchas cosas en este tiempo pero hay algo que no ha cambiado. Desde 2008 no hubo vacantes y continúa siendo una de las pocas mujeres motorista de la Guardia Civil en Galicia. «Nunca pensé en la moto. Se originó la vacante, tenía el carné y fue un intento de acercarme a mi casa, a Galicia».

Cuando nació Mónica su padre se mostraba orgulloso, entre otras cosas porque creyó que una niña acabaría con la saga de guardias civiles de la familia. «Niña, bueno, por lo menos no se mete en la Guardia Civil». Esta fue una de las primeras frases que pronunció su progenitor tras conocer el sexo de su hija. Convencido de que no ingresaría en el cuerpo vio como su dicho se frustraba dieciocho años después. «Papá, voy para el colegio de Guardias Jóvenes, sí o sí». Nada más aprobar la selectividad, gracias al empeño de su madre, Mónica decidió seguir la línea de su padre y abuelo, ambos guardias civiles. El empecinamiento de su padre, que quería que estudiase una carrera, y el mucho discutir sobre su futuro, no le sirvió de nada a este agente que al final acabó coincidiendo con su hija de uniforme verde. Él en núcleo servicios y ella en Tráfico.

Hija de un burgalés y de una gallega, Mónica se siente de Galicia. Con tan solo un año llegó a la provincia lucense. Tras vivir en O Vicedo y Rábade, por destino de su padre, se instaló en el cuartel de Lugo, actual lugar de trabajo y donde conoció al amor de su vida, otro agente, y padre de sus hijos. Daniela, una niña de dos años y Joel, un niño de uno, a quienes les dedica todo su tiempo libre. «Gracias a la dedicación y a la entrega de mi marido en casa, el día a día es mucho más fácil».

Trayectoria profesional

Tras ingresar en la Academia de Valdemoro salió destinada a Santa María del Campo, Burgos. Tras un año y medio de eventual, pasó al núcleo de servicios de Burgos. Estuvo hasta 2003 y de ahí a Durango. Aprovechó su estancia en el País Vasco -de 2003 a 2008- para hacer su ascenso a Cabo y el curso de Tráfico. En 2008 fue destinada a Lugo.

Mónica Revilla dice encontrarse muy a gusto en su trabajo a pesar de convivir casi siempre con todo hombres. «Es un destacamento muy joven, sabemos que conviviremos muchos años y el día a día es muy llevadero». Con respecto a coger la moto explica que no influye ser hombre o mujer, lo que condiciona es la altura. «Hay que pensar donde se deja para que no caiga puesto que pesa más de 300 kilos; pero le pesa a todo el mundo, no solo a una mujer. En mi caso, que soy de estatura media, sí que conlleva dificultades pero es prever las circunstancias y tener anticipación. Una vez que me subo a la moto no hay problema, me encuentro muy a gusto. Hago servicio de manera normal y corriente. El hecho de ser mujer y andar en moto no debería ser novedad», explica.

Preguntada sobre si prefiere moto o coche dice que depende de las circunstancias, del tiempo, del cansancio… «Un servicio en moto es muy bonito por el paisaje y porque disfrutas de la carretera pero es muy cansado».

Conciliar trabajo y familia

Mónica Revilla manifiesta que en la Guardia Civil hay que elegir entre vida personal y profesional. «Son dos líneas que no son paralelas. Son lo contrario, nunca se juntan. Si decides ascender y tener gran éxito tienes que cambiar de destino y ahora esto es imposible con la familia», dice la agente, quien defiende que la vida profesional acaba cuando empieza la familiar. Debido a sus circunstancias familiares preferiría realizar labores burocráticos porque supone un horario fijo y las tardes y los fines de semana libres. «Así podría estar más tiempo con mis hijos. Ahora, mi marido y yo pedimos no coincidir en el trabajo para echar mano de la familia».

Mejores momentos

La labor de Mónica consiste en la vigilancia de las carreteras y velar por la seguridad de los conductores. Se engloban en esta parcela los controles rutinarios, accidentes, auxilios en carretera, transportes especiales.

Confiesa que lo que más le repatea es la mala educación. «Tú intentas ser lo más educada posible. Hay gente que paras para hacer la prueba de alcoholemia y bien pero hay quien te pone mala cara». Explica que los mejores momentos en su trabajo se producen cuando ayuda a la gente. «Cuando haces bien tu trabajo, los ciudadanos te lo agradecen. Eso se ve en los accidentes de circulación. La gente está nerviosa, le ayudas y ese momento es el más agradecido. Que te vean y digan, ¡por fin han llegado!».

En el caso de la asistencia ante un accidente expone que «cuando estoy trabajando tienes que ser otra persona porque no te puedes influenciar por las circunstancias. ¡Entonces no vivirías! Si te derrumbas esto no tiene sentido. Hay que ser otra persona y adaptarse a las circunstancias. Hacer de tripas corazón como cualquier humano», asegura.

Mónica Revilla afirma que en lo que se refiere al trabajo de la Guardia Civil no diferenciaría entre hombre y mujer porque todos son personas. «En el fondo tu trabajo lo tienes que asumir y tener tiempo de reacción. Sacar adelante el accidente», concluye.

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2015/12/31/cabo-1-destacamento-trafico-lugo-mujer-motorista-guardia-civil-galiciapapa-guardia-civil-/0003_201512L31C8991.htm

La Guardia Civil no autoriza la compra munición de punta expansiva para la Policía Local de Zaragoza

El Ayuntamiento incluyó este tipo de proyectiles en el último contrato de suministro por considerarlos “más adecuados” para la ciudad.

 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha incluido por primera vez los proyectiles de punta expansiva en el contrato para el suministro de munición a la Policía Local. Fuentes municipales y policiales han confirmado haber llegado a la conclusión de que este tipo de cartucho es “más adecuado para su uso en la ciudad” y por eso se contempla su compra en el contrato recién adjudicado a la empresa Beretta Benelli Ibérica S.A.

La munición de punta expansiva para pistolas (equivalente a la de punta hueca) está incluida en el apartado de armas prohibidas del Reglamento de Armas, quedando vedada su compraventa, tenencia y uso “salvo por funcionarios especialmente habilitados”. La Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón no contempla en su articulado el uso de este tipo de munición, así que el órgano competente de la Guardia Civil (Intervención Central de Armas y Explosivos) considera que la Policía Local de Zaragoza no está “especialmente habilitada” y no ha autorizado la compra de cartuchos de punta expansiva.

Desde la corporación municipal defienden, sin embargo, la decisión de incluir este tipo de munición en el contrato de suministro para poder disponer de ella en caso de obtener la autorización en un futuro. En el contrato, formalizado el pasado 1 de diciembre, figuran también los cartuchos de punta blindada con los que trabaja por ahora el cuerpo policial, así que de momento serán estos los que se suministren.

¿Por qué quieren punta expansiva?
La punta blindada es el tipo de munición que portaban los agentes locales involucrados en el tiroteo registrado el pasado 25 de julio en pleno Casco Histórico de la ciudad. Fuentes internas del cuerpo policial han recordado que fueron necesarios ocho disparos en las piernas para detener el avance del agresor. Destacan, también, el caos que se produjo en la zona como consecuencia de los múltiples rebotes de las balas.
Los cartuchos punta expansiva son los que confirman querer tanto los instructores de tiro, como los sindicatos policiales y el propio Consistorio. Tienen unos cortes en la punta que permiten la deformación y expansión del proyectil en el momento del impacto. Esta cualidad provoca una herida de mayor diámetro en el momento del impacto y durante la penetración por lo que se consideran más lesivas. Al mismo tiempo, la deformación frena el avance de la bala y evita lo que se conoce como ‘sobrepenetración’, es decir, que la bala atraviese el cuerpo por completo y provoque daños colaterales al rebotar contra otras superficies. “Tienen sus ventajas y sus inconvenientes”, aportan fuentes policiales.

Desde el área responsable de Policía Local en el Ayuntamiento subrayan que estas características hacen de los proyectiles de punta expansiva los “más convenientes para el uso en la ciudad”, al reducir el riesgo de rebotes en el mobiliario urbano y daños a terceras personas.

Desde la delegación aragonesa de la Confederación de Seguridad Local defienden también el cambio a cartuchos de punta expansiva por considerarlos “ideales” para policías ya que “al expandirse producen un impacto mayor” y así, en caso de tener que usarlos, se “reducirían los riesgos” porque se necesitarían “muchos menos disparos”.

Otras comunidades autónomas sí han habilitado a sus policías para portar munición de punta expansiva y ya la usan tanto la Guardia Urbana de Barcelona como la Policía Municipal de algunos barrios de Madrid. La falta de regulación sobre esta materia en Aragón provoca que el ICAE no autorice su compra en Zaragoza. Fuentes de la Guardia Civil en la provincia de Zaragoza han matizado que, para evitar rebotes, ellos usan munición de punta semiblindada en los casos de entradas en domicilio.

 

 

 

 

 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2015/12/30/la-guardia-civil-autoriza-compra-municion-punta-expansiva-para-policia-local-zaragoza-695901-301.html

Condenan al Estado a pagar 2.400 euros a un policía agredido por un delincuente

¿Qué ocurre cuando un delincuente es condenado a indemnizar a un policía al que agredió, y éste no tiene dinero? ¿Se queda el agente sin recibir la indemnización? Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura señala que entonces quien tiene que pagar es el Estado.
La actuación policial que ha originado esta polémica tuvo lugar el 22 de junio del año 2006. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía resultó herido. El agresor fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida, encontrándole culpable de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito de lesiones. Le sentenciaron a pagar al agente una indemnización de 2.400 euros por las lesiones que le causó, además de la pena de prisión.
El delincuente no pagó porque no tenía dinero. Fue declarado insolvente por el propio tribunal el 5 de febrero de 2009.
Ante esta situación el agente reclamó el dinero a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. En diciembre de 2009 la Dirección General le contestó diciéndole que no le pagaba los 2.400 euros ya que la indemnización que solicitaba «corresponde únicamente al condenado por el delito».
El agente acudió entonces a los tribunales y ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha decidido condenar a la Administración General del Estado a abonar al agente en cuestión los 2.400 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa.
En acto de servicio
La sentencia indica que en el caso de actuaciones de funcionarios públicos que están desempeñando sus cargos, el Consejo de Estado puntualiza que «quien sufre por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido al estar en el ejercicio de la función pública».
Recalca el tribunal que no puede obviarse que al agente le unía una relación de servicios con la administración, «y en el desempeño de la misma se causó unas lesiones y daños materiales que no tiene el deber jurídico de soportar». Añade que incluso la propia administración calificó, en el expediente instruido, que el policía había sufrido unas lesiones, «causadas o con ocasión de servicio».
http://www.hoy.es/v/20111201/regional/condenan-estado-pagar-euros-20111201.html

Policías sobre la ‘ley mordaza’ española: vulnera derechos ciudadanos y complica las actuaciones

Primero fue el rechazo de la totalidad de los partidos políticos de la oposición y las asociaciones civiles a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La calle también recogió el malestar de los españoles respecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y de la reforma del Código Penal. Una legislación que relega el papel del estamento judicial en los recursos a las sanciones impuestas por un agente a un ciudadano en relación a actos de protesta.

De hecho, hasta la propia ONU considera esta normativa como una amenaza “contra los derechos y libertades fundamentales de los individuos”. El texto legislativo está, además, recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, seguramente, las críticas que han gozado de menos visibilidad y las más dolorosas son las que proceden de algunos colectivos de los cuerpos de seguridad del Estado español, es decir, de parte de los efectivos que deben garantizar su aplicación y para los que ésta constituye una herramienta de vital importancia en el desarrollo de su trabajo.

Sólo dos de los cinco colectivos consultados por VICE News se declaran ampliamente favorables al planteamiento de esta joven legislación. Uno de ellos es la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Con todo, José Cobo, secretario de comunicación de esta agrupación, reconoce a VICE News que en una ley de estas características “si los agentes ganan en derechos, la ciudadanía pierde”.

“Yo miro por el cuerpo y los agentes están más protegidos porque muchas sanciones [impuestas por los efectivos de las fuerzas de seguridad] que pasaban por la vía judicial, ahora se resuelven con una multa “, explica el portavoz de AEGC.

Cobo se refiere a uno de los aspectos clave y más polémicos de esta ley y mediante el cual se sustrae a los jueces el control previo en la sanción de conductas.

“Antes, una sanción impuesta por los agentes [por insultar o agredir a un policía, por ejemplo] era recurrible ante un juez. Ahora, en cambio, se debe recurrir ante la delegación del gobierno y si se pierde sólo puede llevarse al juzgado tras el pago previo de la multa, lo que también implica, claro, hacerse cargo de los costes judiciales”, explica a VICE News Antonio Trevín, portavoz de la comisión de interior del partido socialista (PSOE) en el Congreso.

Hay que pensar, añade este diputado, “que los juzgados sólo solían confirmar el 10% de las sanciones [impuestas por los agentes]”.

Como el PSOE, el resto de los partidos de la oposición se han manifestado en contra de esta ley, que entró en vigor el pasado mes de julio gracias al único apoyo del gubernamental Partido Popular que, por entonces, gozaba de mayoría absoluta en la cámara legislativa. Ahora, con la pérdida de más de 60 escaños en los últimos comicios generales parece que esta iniciativa tiene los días contados.

“Esta ley fue aprobada por rodillo parlamentario, con la oposición de todos y sin que nos consultaran nada”, se lamenta Emilio Diz, portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), durante su conversación con VICE News.

La normativa, que utiliza fórmulas de sanción poco claras como aquellas que se refieren a la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” entorno a las sedes de las cámaras legislativas o los parlamentos autonómicos, nació tras los convulsos y contestatarios años de la crisis que llenaron las calles de manifestaciones y concentraciones contra los recortes y la corrupción.

Además, la controvertida normativa sanciona los actos destinados a evitar desahucios o los escraches, así como el “escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.

“Nos manifestamos totalmente en contra [de esta ley] porque nos oponemos a cualquier iniciativa que restrinja los derechos fundamentales de los ciudadanos”, asegura Diz. En este sentido, el portavoz asegura que se trata de una normativa para acallar los cánticos y los gritos de protesta. “No creo que se haya hecho pensando tanto en la protección y honorabilidad de los agentes, sino para recortar la libertad de expresión [un insulto a un político también puede ser origen de una sanción] y con fines recaudatorios”.

Así, la ley sanciona con entre 30.000 y 600.000 euros “las manifestaciones no autorizadas o prohibidas ante infraestructuras críticas” y aquellos comportamientos que puedan “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos” o como se adelantaba en este artículo “frente al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos”.

“Hay que aclarar que se entiende por perturbar, ¿quemar contenedores, impedir el paso a un edificio público? No podemos dejar en manos de los agentes esta interpretación porque entonces dependerá de lo retrogrado o progresista que sea éste y [en última instancia] del carácter democrático del delegado o subdelegado que deba decidir”, considera Diz.

En los mismos términos se expresa Javier Estévez, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario con cerca de 30.000 policías nacionales afiliados, para quien la ley es demasiado “difusa” e imprecisa.

Para Estévez, la normativa cuenta con aspectos positivos como la sanción de los escraches que éste agente considera una violación de la intimidad. Sin embargo, asegura, “no da, en muchos casos, mayores garantías al trabajo policial, ya que por sus frases de contenido indeterminado y poco concretas (perturbación grave, injerencia mínima…) no facilita la labor policial ni el entendimiento de esta por los ciudadanos” y, además, “supone un verdadero recorte de derechos de los ciudadanos”.

Estévez asegura que ante las protestas sindicales de policías realizadas recientemente, algunas delegaciones y subdelegaciones del gobierno querían utilizar la ley Mordaza para identificar a los agentes concentrados y sancionarlos “con entre 600 y 30.000 euros”. Algo que, finalmente, no llegó a suceder.

Aunque la ley tenga importantes inconvenientes, concluye, la solución no es la derogación, sino la modificación, “hay que mejorarla”.

La Policía sólo tiene vetado el derecho a la huelga, mientras que la Guardia Civil tampoco goza del derecho a manifestarse por lo que la ‘ley mordaza’ nunca podría ser utilizada contra los intereses gremiales de la Benemérita que obedece a un régimen de naturaleza militar.

En el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana también se sancionan “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.

De hecho, la primera vez que se aplicó la ‘ley mordaza’ fue por este último supuesto. Eduardo Díaz, un joven de Güímar, una localidad de las Islas Canarias, colgó en Facebook un texto sarcástico en el que se refería a la labor de la Policía Municipal, a la que denominaba “casta de escaqueados” y poco después recibió una propuesta de sanción [pendiente de resolver por la delegación del gobierno en esta comunidad] de entre 100 y 600 euros.

“Nadie demandó esta ley que, aunque nos protege [a los agentes] castiga duramente derechos fundamentales como el de manifestación”, asegura Juan Antonio Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a VICE News. Queremos protegernos pero sin que esto signifique limitar los derechos de los ciudadanos, resume Fernández.

Otro aspecto polémico y que atañe directamente a las fuerzas de seguridad es la penalización de la difusión no autorizada de imágenes de sus acciones. En este sentido, Jesús Andrés de Dios, portavoz del Sindicato Profesional de la Policía, entiende que casos como los de la mujer de Petrer (Alicante) multada con 800 euros por captar una foto de un coche de la policía aparcado en una zona reservada para personas con discapacidad y publicada en una red social no debería ser motivo de sanción.

Con todo, Andrés de Dios, como Cobo y a diferencia del resto de entrevistados, considera que la mayor parte de los cambios impulsados por la ley, en aspectos como las sanciones por falta de respeto a los agentes, son positivos y contribuyen a la mejora de la seguridad.

 

 

 

 

https://news.vice.com/es/article/policias-sobre-ley-mordaza-espanola-vulnera-derechos-ciudadanos-y-complica-actuaciones

La policía detiene a una guardia civil por traficar con cocaína

La mujer quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando fuera requerida

 

El pasado miércoles la Policía Nacional detuvo en Valencia a una agente de la Guardia Civil en una operación antidroga llevado a cabo entre la localidad de Cullera y la propia capital, que se saldó con la incautación de 10 gramos de cocaína así como con el arresto de otro varón, al que se le intervino una cantidad idéntica de esta sustancia y al que se le acusa de ser el encargado de comercializarla.

La información rcogida por ‘Las Provincias’ hace referencia al inicio de las investigaciones tras la autorización de un juzgado de Huesca a intervenir las comunicaciones de la sospechosa, que desvelaron que la droga iba a ser distribuida en la capital oscense o provincia. Por ello, dos miembros de la Policía Nacional de la región se desplazaron hasta Valencia para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo a la mujer.

Los acontecimientos les llevaron hasta un domicilio de Valencia donde residía el supuesto traficante de drogas. La agente de la Guardia Civil fue detenida el miércoles y fue trasladada a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial. Fuentes jurídicas confirmaron al citado medio que la mujer quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando fuera requerida para ello. Al hombre se le intervinieron 30 gramos de cocaína.

Por otra parte, desde el ayuntamiento de la localidad valenciana se asegura que esta mujer de 34 años no llegó a prestar servicio en la localidad por los diferentes expedientes disciplinarios que tiene abiertos. En su momento fue investigada por un delito de tráfico de armas.

 

 

 

 

 

 

http://www.ideal.es/nacional/201512/28/policia-detiene-guardia-civil-20151228114353.html