Acusan a un policía de trapichear y «soplar» redadas a clubes de alterne

Fue a finales del 2006 cuando la Guardia Civil y la Fiscalía de Pontevedra comenzaron a desentrañar lo que pronto empezaron a considerar una activa red de trapicheros que actuaba en buena parte de la provincia. A medida que fue avanzando la investigación se determinó que podía estar ramificada en media docena de grupos -dos con base en O Grove, otros tantos en el entorno de la ciudad de Pontevedra, uno a caballo de Ribadumia y Meis, y el último en Porriño- independientes, lo que a la postre ha derivado en que se formalizase acusación contra más de una veintena de personas.

Entre los procesados, un policía nacional que, en el momento de su arresto en abril del 2007, estaba adscrito a la Comisaría Provincial de Pontevedra. El fiscal considera que Lucas Rodríguez Pazos «simultaneaba su actividad profesional» con «su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban».

En su escrito, el ministerio público reseña que, en un momento, dado se vio «en la necesidad de buscar nuevos proveedores fuera de la provincia». En este sentido, se alude a que supuestamente concertó con Benito Lemos Pérez la adquisición de diez kilos de hachís «que pensaba cambiar por la cocaína que necesitaba» mediante un trueque con otro de los encausados, Santiago Figueira.

A los tres años y medio de prisión que se le piden por un delito contra la salud pública, el fiscal añade una segunda petición de 5.040 euros de multa y año y medio de inhabilitación como policía nacional por un segundo delito contra la Administración Pública de revelación de información reservada.

A este respecto, se sostiene que «avisó de una redada que se pensaba efectuar en el club Cachas Locas a su gerente» con el objetivo de que «las prostitutas extranjeras ilegales que trabajaban allí pudieran irse antes de ser detenidas». Significativa es otra conversación entre este agente y el también acusado Ramiro Castiñeira Martínez en la que este último «le recriminan el no haberles avisado a tiempo» de una redada, así como le comunicaron que los agentes de la brigada de extranjería se habían llevado a una de las chicas «por tener una orden de expulsión para ver si puede hacer algo por ella».

Con respecto a Ramiro Castiñeira se afirma que utilizaba los clubes Cachas Locas y Le Clé, ambos en Poio, para transacciones de estupefacientes. La dinámica en el primero de estos locales era siempre la misma: «Los compradores entraban por la puerta trasera y salían inmediatamente con la droga adquirida».

A la hora de establecer las peticiones de pena, el fiscal asume que la causa ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por «causas imputables solo a la Administración de Justicia, ajenas a los acusados». Se trata de una circunstancia que lleva al ministerio público a aplicar una atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias.

Esto explica que las penas por tráfico de drogas se muevan entre el año de prisión y los cuatro años y medio dependiendo si se estiman que trapicheaban con hachís y marihuana -drogas que no causan grave daño a la salud- o si lo hacían con cocaína. De igual modo, también hay a quien se le imputa tenencia ilícita de armas -se le intervinieron 9 catanas, 88 navajas y diversas armas detonadoras-.

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