Jueces y fiscales ya desconfían de los Mossos

Consideran que «algo se ha roto» y que costará «reparar el daño» causado por el 1-O

«Que nadie se engañe. Si las @fuerzasdelorden y @guardiacivil han tenido que intervenir es porque @mossos no han desalojado antes de las 6». Este tuit, aparecido el pasado 1 de octubre en la cuenta de la sección de Cataluña de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es una muestra de que las relaciones entre poder judicial y policía autonómica han quedado muy tocadas tras el referéndum.

Jueces y fiscales destinados en Cataluña y habituados a trabajar con los Mossos d’Esquadra creen que desde el 1-O ha aumentado la «desconfianza» hacia este cuerpo, al considerar que buena parte de estos policías se pusieron «de perfil» ante la convocatoria ilegal. Diferencian entre los agentes -que consideran que están divididos por las órdenes que recibieron el día de la votación- y los mandos, pero la conclusión es clara. «Algo se ha roto», explica un miembro del Ministerio Público, que asegura que la fractura es profunda y que ahora se podría cuestionar si la policía autonómica es capaz de investigar a la administración catalana en algunos asuntos delicados, como los casos de corrupción política. Fuentes de la judicatura son de la misma opinión y consideran que «el daño causado al cuerpo de los Mossos d’Esquadra costará repararlo».

Los representantes en Cataluña de la APM han pedido a los jueces que soliciten el amparo del Consejo General del Poder Judicial si sufren «cualquier tipo de interferencia en el ejercicio de su función que comprometa su desempeño independiente o impida desarrollarla con plenitud». Recuerdan que, para ejercer su función, los jueces deben ser auxiliados por los distintos cuerpos de seguridad, tanto los locales como los autonómicos y estatales y que todos ellos están sujetos a órdenes e instrucciones de jueces y fiscales. «Quienes desobedecen esas instrucciones también se apartan de nuestro sistema de convivencia y obran contra su condición de agentes de la fuerza pública», remarca la APM.

El mismo día del referéndum, ocho juzgados catalanes abrieron diligencias contra los Mossos d’Esquadra por una presunta «inactividad» durante la jornada electoral, ya que pese a constatarse que fueron a los colegios, tal y como sus superiores les ordenaron, ni los cerraron todos ni quitaron las urnas ni el material electoral como pedía la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Dos de estos juzgados de instrucción, el número 2 de la Seu d’Urgell y el número 4 de Lleida, abrieron las diligencias de oficio, según fuentes judiciales, por una presunta desobediencia a las medidas acordadas por el TSJC y pidieron un informe a la policía autonómica. El juzgado de la Seu d’Urgell informó de que la votación se había permitido al menos, en siete emplazamientos.

El resto de juzgados de instrucción -como el 7 de Barcelona, el 3 de El Vendrell, el 7 de Cerdanyola, el 1 de Santa Coloma de Gramenet, el 4 de El Prat y el número 4 de Mataró- abrieron una investigación tras recibir una veintena de denuncias de particulares contra los agentes por permitir votar en puntos designados, ya fuesen ambulatorios, colegios o otros edificios públicos y privados. También reclamaron información a los Mossos sobre su actuación.

Incluso la propia magistrada del TSJC, Mercedes Armas, que instruye la causa contra el Govern solicitó al director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, coordinador de la investigación por la desobediencia del 1-O, que explicase el papel de cada uno de los tres cuerpos policiales que actuaron el día de la votación.

El mismo domingo 1 de octubre el mayor Josep Lluís Trapero tuvo una reunión con la magistrada Armas y con Pérez de los Cobos en la que se habló sobre el dispositivo que estaba en marcha, según fuentes judiciales.

Y es que la actuación de los Mossos había estado en entredicho en las semanas previas a la celebración del referéndum, si bien lo que generó más polémica fue su presunta falta de apoyo a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía, cuando miles de personas se concentraron en la puerta para expresar su rechazo. La Audiencia Nacional imputó a Trapero por considerar que los Mossos no hicieron lo suficiente para permitir la salida de los agentes y de la letrada de la administración de Justicia que participaban en esta operación ordenada por el juez de Instrucción 13 de Barcelona.

FUENTE: elmundo.es

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