Jueces y fiscales ya desconfían de los Mossos

Consideran que «algo se ha roto» y que costará «reparar el daño» causado por el 1-O

«Que nadie se engañe. Si las @fuerzasdelorden y @guardiacivil han tenido que intervenir es porque @mossos no han desalojado antes de las 6». Este tuit, aparecido el pasado 1 de octubre en la cuenta de la sección de Cataluña de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es una muestra de que las relaciones entre poder judicial y policía autonómica han quedado muy tocadas tras el referéndum.

Jueces y fiscales destinados en Cataluña y habituados a trabajar con los Mossos d’Esquadra creen que desde el 1-O ha aumentado la «desconfianza» hacia este cuerpo, al considerar que buena parte de estos policías se pusieron «de perfil» ante la convocatoria ilegal. Diferencian entre los agentes -que consideran que están divididos por las órdenes que recibieron el día de la votación- y los mandos, pero la conclusión es clara. «Algo se ha roto», explica un miembro del Ministerio Público, que asegura que la fractura es profunda y que ahora se podría cuestionar si la policía autonómica es capaz de investigar a la administración catalana en algunos asuntos delicados, como los casos de corrupción política. Fuentes de la judicatura son de la misma opinión y consideran que «el daño causado al cuerpo de los Mossos d’Esquadra costará repararlo».

Los representantes en Cataluña de la APM han pedido a los jueces que soliciten el amparo del Consejo General del Poder Judicial si sufren «cualquier tipo de interferencia en el ejercicio de su función que comprometa su desempeño independiente o impida desarrollarla con plenitud». Recuerdan que, para ejercer su función, los jueces deben ser auxiliados por los distintos cuerpos de seguridad, tanto los locales como los autonómicos y estatales y que todos ellos están sujetos a órdenes e instrucciones de jueces y fiscales. «Quienes desobedecen esas instrucciones también se apartan de nuestro sistema de convivencia y obran contra su condición de agentes de la fuerza pública», remarca la APM.

El mismo día del referéndum, ocho juzgados catalanes abrieron diligencias contra los Mossos d’Esquadra por una presunta «inactividad» durante la jornada electoral, ya que pese a constatarse que fueron a los colegios, tal y como sus superiores les ordenaron, ni los cerraron todos ni quitaron las urnas ni el material electoral como pedía la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Dos de estos juzgados de instrucción, el número 2 de la Seu d’Urgell y el número 4 de Lleida, abrieron las diligencias de oficio, según fuentes judiciales, por una presunta desobediencia a las medidas acordadas por el TSJC y pidieron un informe a la policía autonómica. El juzgado de la Seu d’Urgell informó de que la votación se había permitido al menos, en siete emplazamientos.

El resto de juzgados de instrucción -como el 7 de Barcelona, el 3 de El Vendrell, el 7 de Cerdanyola, el 1 de Santa Coloma de Gramenet, el 4 de El Prat y el número 4 de Mataró- abrieron una investigación tras recibir una veintena de denuncias de particulares contra los agentes por permitir votar en puntos designados, ya fuesen ambulatorios, colegios o otros edificios públicos y privados. También reclamaron información a los Mossos sobre su actuación.

Incluso la propia magistrada del TSJC, Mercedes Armas, que instruye la causa contra el Govern solicitó al director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, coordinador de la investigación por la desobediencia del 1-O, que explicase el papel de cada uno de los tres cuerpos policiales que actuaron el día de la votación.

El mismo domingo 1 de octubre el mayor Josep Lluís Trapero tuvo una reunión con la magistrada Armas y con Pérez de los Cobos en la que se habló sobre el dispositivo que estaba en marcha, según fuentes judiciales.

Y es que la actuación de los Mossos había estado en entredicho en las semanas previas a la celebración del referéndum, si bien lo que generó más polémica fue su presunta falta de apoyo a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía, cuando miles de personas se concentraron en la puerta para expresar su rechazo. La Audiencia Nacional imputó a Trapero por considerar que los Mossos no hicieron lo suficiente para permitir la salida de los agentes y de la letrada de la administración de Justicia que participaban en esta operación ordenada por el juez de Instrucción 13 de Barcelona.

FUENTE: elmundo.es

Interior prorroga el dispositivo y mantiene los efectivos de Policía y Guardia Civil en Cataluña hasta el día 18 de octubre

El Ministerio del Interior ha ampliado el despliegue policial en Cataluña hasta el 18 de octubre, en principio una semana más de lo que estaba previsto hasta ayer. La Dirección General de la Policía y la de la Guardia Civil han enviado sendas comunicaciones a sus unidades desplazadas en los distintos puntos de Cataluña en las que se les informa de esa prórroga de la «Operación Copérnico» –el nombre policial del dispositivo puesto en marcha ante el desafío secesionista- así como de que se mantienen las «mismas condiciones económicas que las que generaron la primera comisión de servicio».

Se mantienen las «mismas condiciones económicas» para los agentes del despliegue en Cataluña

Los máximos responsables de cada Cuerpo han remitido por mail la información para que se envíe a las Jefaturas o Unidades de las que dependen los cerca de diez mil agentes que forman parte del dispositivo. Es la segunda vez esta semana que se modifican las fechas previstas inicialmente. Cuando se diseñó la operación estaba prevista que concluyera el 4 de octubre, pero ante la sucesión de acontecimientos el pasado martes se les informó de que al menos permanecerían hasta el día 12, al tiempo que empezaron a moverse grupos a otras comunidades autónomas.

En este momento hay grupos de Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Unidades de Prevención y Reacción (UPR) alojados en provincias como Castellón o Teruel y trabajando en Cataluña, y otros en comisión de servicio para la seguridad del 12 de Octubre en Zaragoza, por ejemplo.

Interior prolonga hasta el 18 de octubre el despliegue de agentes en Catalunya

Además tanto de Policía como de Guardia Civil hay desplazados agentes de Policía Judicial y de Información. Entre los funcionarios desplazados y los que están destinados habitualmente en Cataluña de ambos Cuerpos suman unos once mil agentes. El ministro del Interior informó en su última reunión con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil que si se ampliaban los días de la comisión (lo que ha sucedido esta mañana) se relevaría a parte del personal.

 

Multitud de manifestaciones en toda España en apoyo de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Miles personas se manifestaron ayer frente distintos cuarteles de la Guardia Civil y comisarías del Cuerpo Nacional de Policía por toda España. Destacan las 5000 personas desplazadas a la Comandancia de la Guardia Civil de la avenida de César Augusto, en Zaragoza, en apoyo a los agentes desplazados en Cataluña por el referéndum ilegal. Lo hicieron respondiendo a la convocatoria que se hizo a través las redes sociales por la mañana.

Provistos de banderas de España de todos los tamaños, se escucharon jotas reivindicativas y gritos de ‘gracias’ y ‘valientes’.

Alrededor de 5.000 personas se han concentrado frente al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en apoyo a los miembros del cuerpo.

Al improvisado acto asistieron varios agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía en Madrid, hasta ayer desplazados en Pineda de Mar. “Nos han sacado para formar parte del operativo de las fiestas del Pilar. Hemos aguantado por la gente. Muchos ciudadanos tenían miedo a mostrarnos su apoyo. Llevábamos desde el sábado encerrados en el hotel”, reconocía Guillermo Lozoya, uno de ellos.

“Ha sido horrible, jamás había vivido nada igual”, añadía otro. Los hubo, que, a hombros de sus compañeros, quisieron dar las gracias a los asistentes, que los despidieron con besos y vivas.

Alrededor de 5.000 personas se han concentrado frente al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en apoyo a los miembros del cuerpo.

Entre los presentes, la opinión era unánime. “He venido porque soy español, para defender la Constitución y para apoyar a las fuerzas del Estado”, aseguraba uno de los manifestantes.

Otras acudieron vestidas de baturras. “Venimos de cantar en una residencia de ancianos. Estamos aquí para apoyar a la Guardia Civil. Este tema me da mucha rabia, he discutido hasta con la familia que tengo allí”, afirmó una. A su lado, otra, propietaria de un apartamento en Calafell, aseguró que lo venderá “seguro”. “Me iré a Castellón”, decía.

A la convocatoria asistieron numerosos militares y guardias civiles. “He venido para apoyar a mis compañeros que están fuera de sus destinos y lejos de sus familias. En los últimos días han llegado a hacerles escraches en los cuarteles”, apuntaba Jesús, un agente de la Benemérita. “Nosotras estamos aquí porque es una injusticia. Cataluña no valora el trabajo que están realizando los agentes”, opinaban dos militares. También había familias como la de Ángel Luis, que fue con su hijo. “Es una deshonra. No nos merecemos estos políticos”, afirmaba.

 

La Policía detiene en Madrid a dos personas por enaltecimiento de terrorismo yihadista

Agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional han detenido este miércoles en Madrid a dos personas de nacionalidad españolapor enaltecimiento del terrorismo yihadista, ha informado el Ministerio del Interior.

En la operación, que se realiza bajo la dirección del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, se están practicando cinco registros.

Interior ha recordado que, desde 2015, año en el que se elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA-4), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a un total de 175 terroristas yihadistas.

El Ministerio también recuerda que, a través de la iniciativa ‘Stop radicalismos’, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

Un mosso o un ertzaina cobra entre 900 y 1.000 euros más que un policía nacional un un guardia civil

El grupo de Ciudadanos en el Congreso ha presentado hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a equiparar el salario de los guardias civiles con el de los policías nacionales. Pero, por qué no el de ambos cuerpos con el de los mosso o ertzainas o incluso policías locales de muchas localidades que cobran bastante más que ellos.

Dicen en Ciudadanos que un policía nacional cobra un 30% más que un guardia civil. Tanto el sueldo de unos como de otros dependen de muchos factores, como la antigüedad, el destino, las condecoraciones, la especialidad, etc.

El salario medio de un policía nacional puede rondar los 1.500 euros a los que hay que sumar distintos complementos. El de los guardias civiles queda por debajo, en los 1.350 euros.

Esos sueldos no son sólo ampliamente superados por los mossos y los ertzainas, los policías autonómicos catalanes y vascos, respectivamente, que tienen sueldos medios de 2.400 euros mensuales, es decir, 900 más que un policía nacional y más de 1.000 euros que un guardia civil.

Un mosso o ertzaina cobra 2.400 euros mensuales de media, frente a los 1.500 o 1.350 euros de un gradia civil, que incluso ganan muchos menos que muchos policías locales

Pero es que incluso, muchos policías locales cobran bastantes más que un policía nacional o guardia civil. Es cierto, que dependen de las ciudadades y en las pequeñas localidades con poca población sus sueldos medios son de 1.000 euros, pero en grandes ciudades es habitual que un policía local cobre de media 2.000 euros.

Es cierto que los sueldos de los mossos o ertzainas son competencia de las comunidades autónomas, pero también es cierto que en otrras competencia transferidas, como la educación o sanidad, las diferencias entre los profesionales entre los distintos territorios de España o entre los distintos cuerpos de funcionarios no son tan abultadas como ocurre con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus homólogos en las comunidades autónomas.