Acusan a un policía de trapichear y «soplar» redadas a clubes de alterne

Fue a finales del 2006 cuando la Guardia Civil y la Fiscalía de Pontevedra comenzaron a desentrañar lo que pronto empezaron a considerar una activa red de trapicheros que actuaba en buena parte de la provincia. A medida que fue avanzando la investigación se determinó que podía estar ramificada en media docena de grupos -dos con base en O Grove, otros tantos en el entorno de la ciudad de Pontevedra, uno a caballo de Ribadumia y Meis, y el último en Porriño- independientes, lo que a la postre ha derivado en que se formalizase acusación contra más de una veintena de personas.

Entre los procesados, un policía nacional que, en el momento de su arresto en abril del 2007, estaba adscrito a la Comisaría Provincial de Pontevedra. El fiscal considera que Lucas Rodríguez Pazos «simultaneaba su actividad profesional» con «su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban».

En su escrito, el ministerio público reseña que, en un momento, dado se vio «en la necesidad de buscar nuevos proveedores fuera de la provincia». En este sentido, se alude a que supuestamente concertó con Benito Lemos Pérez la adquisición de diez kilos de hachís «que pensaba cambiar por la cocaína que necesitaba» mediante un trueque con otro de los encausados, Santiago Figueira.

A los tres años y medio de prisión que se le piden por un delito contra la salud pública, el fiscal añade una segunda petición de 5.040 euros de multa y año y medio de inhabilitación como policía nacional por un segundo delito contra la Administración Pública de revelación de información reservada.

A este respecto, se sostiene que «avisó de una redada que se pensaba efectuar en el club Cachas Locas a su gerente» con el objetivo de que «las prostitutas extranjeras ilegales que trabajaban allí pudieran irse antes de ser detenidas». Significativa es otra conversación entre este agente y el también acusado Ramiro Castiñeira Martínez en la que este último «le recriminan el no haberles avisado a tiempo» de una redada, así como le comunicaron que los agentes de la brigada de extranjería se habían llevado a una de las chicas «por tener una orden de expulsión para ver si puede hacer algo por ella».

Con respecto a Ramiro Castiñeira se afirma que utilizaba los clubes Cachas Locas y Le Clé, ambos en Poio, para transacciones de estupefacientes. La dinámica en el primero de estos locales era siempre la misma: «Los compradores entraban por la puerta trasera y salían inmediatamente con la droga adquirida».

A la hora de establecer las peticiones de pena, el fiscal asume que la causa ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por «causas imputables solo a la Administración de Justicia, ajenas a los acusados». Se trata de una circunstancia que lleva al ministerio público a aplicar una atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias.

Esto explica que las penas por tráfico de drogas se muevan entre el año de prisión y los cuatro años y medio dependiendo si se estiman que trapicheaban con hachís y marihuana -drogas que no causan grave daño a la salud- o si lo hacían con cocaína. De igual modo, también hay a quien se le imputa tenencia ilícita de armas -se le intervinieron 9 catanas, 88 navajas y diversas armas detonadoras-.

La Policía Nacional recuerda hoy 8 de marzo, la incorporación de personal femenino al cuerpo hace casi 40 años

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La Policía Nacional fue la institución pionera en la incorporación de personal femenino hace casi 40 años. Desde que en 1979 pasaran a formar parte de la Policía las primeras 42 mujeres, su número no ha dejado de crecer y, hoy en día, ya son casi 9.000 agentes. En la actualidad, hay una comisaria principal, 21 comisarias, 150 inspectoras jefas, 644 inspectoras, 516 subinspectoras y 7.386 agentes en la Escala Básica. La incorporación de la mujer supuso un hito en nuestro país y en la historia de la Policía, siendo hoy el cuerpo policial con mayor porcentaje femenino en España.

Desde que en el año 1911 se celebrara por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hasta que en el año 1975 la ONU declarara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, el reconocimiento y la lucha por incorporarla a una sociedad plural e igualitaria, donde su género no la limitara y cuya labor fuera reconocida, no ha dejado de cesar en nuestros días. Fruto de esta superación, en el verano de 1979, ingresaban en la Escuela General de Policía 42 inspectoras. Seis años más tarde, las mujeres accedían también a la Escala Básica, lo cual supuso un hito por la igualdad en nuestro país, siendo la primera institución armada del Estado en hacerlo. Un hecho con enorme trascendencia y que marcaría el devenir de una sociedad plural e igualitaria que reconocería hasta nuestros días la presencia de la mujer en todas las especialidades y niveles de responsabilidad de la Policía Nacional.

En estas casi cuatro décadas las mujeres han ido incorporándose progresivamente a esta institución, hasta llegar a las casi 9.000 que forman parte a día de hoy, lo cual supone un 13% de la plantilla total. La mayoría de ellas pertenecen a la Escala Básica, en concreto 7.386, seguidas en número de efectivos por la Escala Ejecutiva formada por 150 inspectoras jefas y 644 inspectoras. Además, hay 516 mujeres subinspectoras, 21 comisarias y una comisaria principal, responsable de la Comisaría General de Policía Científica.

Desde su incorporación a esta institución, las mujeres han ido integrándose plenamente en todas las especialidades policiales, desde los distintos grupos de prevención o investigación a las áreas más operativas de policía judicial, pasando por distintas secciones de policía científica, como ADN, acústica forense o inspecciones oculares. Desde hace años las agentes también forman parte de unidades más especializadas de seguridad ciudadana, como las 45 mujeres de las Unidades de Intervención Policial (UIP), las 120 de la Unidad Central de Protección (UCP), las 46 de Caballería, las 32 de Guías Caninos o las 10 agentes de la Unidad de Subsuelo.

La presencia de la mujer en todas las especialidades policiales y en los diferentes niveles de responsabilidad es un hecho palpable en nuestros días. De esta manera se alcanza uno de los objetivos clave demandados por la Red Europea de Mujeres Policía, no sólo con mayor presencia femenina, sino también con más mando.

Igualdad efectiva

Dentro de la Dirección General de la Policía, la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de la Policía es el órgano encargado de velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Hoy en día, la Policía Nacional ha alcanzado una igualdad efectiva en todos los aspectos, tanto en la promoción interna como en la ocupación de puestos de trabajo.

Además, la evolución de la conciliación en la Policía Nacional ha ido pareja a la normativa que sobre la materia se ha ido desarrollando por la Administración en general. Con motivo de todas las modificaciones legislativas en este área, en mayo de 2013 una circular de la Dirección General de la Policía abordaba nuevas medidas de conciliación. Entre ellas introducía la flexibilidad horaria como una medida de conciliación para los miembros de la Policía Nacional con hijos menores de 12 años, personas mayores, con discapacidad o que tengan a su cargo a un familiar con enfermedad grave. También introducía la posibilidad de cambio de servicio justificado en los casos de separaciones o divorcios, para poder atender a sus obligaciones como progenitor, así como en los casos de familias monoparentales con hijos menores. La Ley Orgánica de Régimen de personal de la Policía Nacional recoge también en su artículo 7, el derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La Policía acusa a la Guardia Civil de ‘apropiarse’ de 1,8 millones de datos de sus bases

Cuatro sindicatos de agentes dirigen un escrito al Ministerio del Interior en el que denuncian que el Instituto armado lleva más de un año ‘volcando’ de manera supuestamente irregular archivos del DNI y del registro sobre inmigrantes Adextra. La Benemérita lo niega y asegura que está haciendo un uso autorizado sobre dichas fuentes de información. 

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a estar a la gresca y, esta vez, por escrito. Cuatro de los cinco sindicatos representativos de la primera han remitido en los últimos días al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, una dura carta en la que acusan al Instituto armado de invadir supuestamente funciones que consideran exclusivas suyas, además de detallar en la misma misiva actuaciones recientes que consideran irregulares. Entre estas últimas destacan lo que califican de “volcado” masivo de datos de dos bases “cuyo control y administración están en la actualidad, y por el momento, atribuidas a la Policía Nacional”. Se refieren a las del DNI y Adextra, un registro este último en el que se recoge información administrativa sobre residentes extranjeros en nuestro país. Los sindicatos aseguran que desde que se le dió acceso hace algo más de un año a estas fuentes de información, el Instituto armado ha procedido a hacer más de 1,8 millones de consultas. Un alto número que las fuentes policiales consultadas consideran “excesiva y muy por encima de la que hacemos nosotros”. Fuentes de la Guardia Civil rechazan de plano la acusación de mal uso de dichas bases de datos por su parte.

La queja por escrito llegó el pasado 7 de enero a la sede del Ministerio del Interior e iba firmada por los máximos dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Alternativa Sindical de Policía (ASP). En la misma, las cuatro organizaciones cargan duramente contra la decisión del pasado 17 de diciembre de modificar la “organización y funcionamiento” de los Centros de Cooperación Policial y Aduaneros (CCPA) existentes con Francia y Portugal para ‘supeditar’ la actuación de los policías destinados en ellos a las decisiones de un mando del Instituto armado. Una decisión que consideran “una nueva constatación expresa de la inequívoca intención de la cúpula del actual Ministerio del Interior de eliminar competencialmente a la Policía Nacional en favor del Cuerpo de la Guardia Civil”. Un hecho del que acusan directamente a un coronel destinado en la Secretaria de Estado de Seguridad, del que aseguran que ha conseguido convertir este órgano del Ministerio “en su verdadera ‘Casa Cuartel”.

Esta denuncia da pie a los representantes de los agentes a enumerar en el mismo escrito una larga lista de recientes ‘agravios’ relacionados con esa supuesta usurpación de competencias. Entre ellas destaca, precisamente, el “volcado” de las bases de datos del DNI y de Adextra. “La información que contienen es de tipo administrativo y no está dirigido a la investigación”, señalan fuentes policiales consultadas por este diario, que aseguran que desde que se dio acceso a la Guardia Civil para su consulta, el Instituto armado hace una media de 50.000 visitas al día. “Se dan casos tan sospechosos como el de un puesto situado en un pueblo de poco más de 300 habitantes que ha llegado a realizar hasta 2.000 consultas de fichas del documento de identidad”, denuncian las mismas fuentes. “Y con Adextra pasa lo mismo”, añaden. Sin embargo, las diversas fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario niegan que estén realizando ningún volcado masivo de datos y aseguran que las consultas que se hacen desde sus equipos informáticos “son las estrictamente necesarias en el día a día”.

Trenes y barcos

Los sindicatos aún no han recibido una respuesta oficial desde el Ministerio del Interior a esta denuncia concreta, aunque el ‘número 2’ del departamento, Francisco Martínez, destinatario de la misiva, se reunióeste lunes con representantes de uno de los sindicatos firmantes del escrito, la UFP. Según fuentes conocedoras de lo tratado en este encuentro, el secretario de Estado negó en todo momento la existencia de un supuesto  “favoritismo” hacia la Guardia Civil, aunque se comprometió a atender otras quejas contenidas en el escrito. Se trata en concreto de las que denunciaban la presencia de miembros de la Guardia Civiluniformados en barcos y trenes realizando labores de identificación de pasajeros y registro de equipajes. La Policía considera que esa función es exclusiva de su Brigada Móvil y denuncian casos concretos. En primer lugar, la presencia de tres agentes del Instituto armado los pasados 22 y 26 de diciembre en el ferry que hace el trayecto Algeciras-Ceuta. En segundo, “realizando despliegues tácticos” en estaciones de ferrocarril como la de Logroño o “viajando de uniforme en trenes Altaria”. Según las fuentes consultadas, el ‘número 2’ de Interior, quien recalcó su situación de interinidad desde las elecciones del 20-D, ha prometido poner fin a la dichas actuaciones de la Guardia Civil en ambos medios de transporte.

Una promesa que las fuentes sindicales consultadas califican de “parche” ya que la carta que le remitieron incluía otras denuncias además de ésta, la del volcado de datos y la de la nueva organización de las comisarías conjuntas con Francia y Portugal. De hecho, los policías también destacaban en la misiva la actuación de “varios guardias civiles, entre ellos un teniente” que se identificaron “en diversos hostales del centro de Madrid como componentes de una Unidad de Inmigración” del Instituto armado y que fotocopiaban libros de registro y documentaciones de viajeros cuando, destacan los sindicatos, las funciones en materia de extranjeríason competencia exclusiva de la Policía Nacional. También critican el “decrecimiento exponencial” que ha sufrido la presencia de sus agentes “en Casa Real, Presidencia del Gobierno, Europol, Relaciones Policiales con cuerpos extranjero o la propia Secretaria de Estado” hasta terminar siendo “anecdótica”. De todo ello acusan directamente al coronel de la Guardia Civil destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

La misiva recuerda que todos estos hechos suponen una violación de laLey de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fija las competencias y ámbitos de actuación de Policía y Guardia Civil. “En un Estado de Derecho, las normas están para ser cumplidas. Y los máximos representantes del poder Ejecutivo no pueden sustraerse a ellas“, recalcan. La carta termina recordando a Francisco Martínez que los agentes de la Policía Nacional son ·responsables en primera persona de que la Legislatura que recientemente ha finalizado, se haya caracterizado por una profunda paz social y por una cotas de seguridad ciudadanas desconocidas, máxime en un periodo de profunda crisis económica. Solamente por esto, usted debería estar agradecido a todos y cada unode los policías”, concluye el escrito.

UNA LARGA LISTA DE ROCES

En los últimos dos años se han sucedido los roces entre Policía y Guardia Civil. El último conocido se produjo el pasado mes de febrero, cuando la desarticulación en Málaga de una banda que usaba ‘narco-helicópteros’ para traer droga desde Marruecos y la captura de su ‘capo’ francés enfrentan a los dos cuerpos y desemboca en una trifulca entre un comisario y un general en una reunión en Interior. Sólo un mes antes, y tras desvelar Vozpópuli la existencia de una nota interna firmada por los responsables del Instituto armado en la frontera de Huesca con Francia en la que se daban instrucciones a las patrullas de la Benemérita para que‘espiasen’ lo que hacían en su demarcación los agentes del otro cuerpo desplegados en labores de extranjería, los sindicatos de Policía enviaron a Mariano Rajoy una queja por escrito.

El origen del actual enfrentamiento, que va más allá de la rivalidad, se remonta a febrero de 2013, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al mismo alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden.

En diciembre de ese mismo año volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Más recientemente, en mayo de 2014un aparentemente inofensivo acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada desembocó en una nueva gresca. La decisión de Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el Gobierno del PP restringía “lenta e inexorablemente” su ámbito competencial. Los cuatro sindicatos de la Policía enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento

La operación que permitió detener en mayo del año pasado a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria también provocó roces. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma ‘célula’. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la ‘Operación Javer’ destacaron entonces a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que fue el que dirigió la investigación.

 

 

http://vozpopuli.com/actualidad/74224-la-policia-acusa-a-la-guardia-civil-de-apropiarse-de-1-8-millones-de-datos-de-sus-bases

Encontronazo entre Guardia Civil y Policía por la presencia de agentes en los ferris de Algeciras

Polémica por las competencias en materia de vigilancia de rutas marítimas

Los sindicatos policiales han enviado una carta a Hacienda y a la Delegación del Gobierno en Andalucía por la presencia de agentes de la Guardia Civil en ferris que cubren la ruta Algeciras-Ceuta. Una competencia que, según reclaman, es exclusiva suya.

Los principales sindicatos policiales han denunciado que en dichas rutas en los últimos días de diciembre. Concretamente, aseguran, entre los días 22 y 26 de diciembre, cuando grupos de 3 agentes de la Guardia Civil con arma larga embarcaron en los ferris con destino a Ceuta.

Tal y como indican en la misiva enviada a la Delegación del Gobierno y a Hacienda, las competencias sobre la vigilancia de rutas marítimas está “expresamente atribuida” a agentes del Cuerpo Nacional de Policía por la Ley Orgánica 2/86, y en el Plan Permanente de Seguridad Antiterrorista de 2006.

Según explican, a las navieras que cubren dicho trayecto se les remitió el pasado mes una relación por escrito de los 38 agentes de la Guardia Civil que participarían en estas labores de vigilancia. Una orden que va acompañada de la firma de un capitán.

Exigen, por tanto, que se revoque la orden y que los guardias civiles dejen de prestar vigilancia en estas rutas.

 

 

 

 

http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Encontronazo-Guardia-Civil-Policia-Algeciras_0_2631936797.html

Condenan al Estado a pagar 2.400 euros a un policía agredido por un delincuente

¿Qué ocurre cuando un delincuente es condenado a indemnizar a un policía al que agredió, y éste no tiene dinero? ¿Se queda el agente sin recibir la indemnización? Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura señala que entonces quien tiene que pagar es el Estado.
La actuación policial que ha originado esta polémica tuvo lugar el 22 de junio del año 2006. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía resultó herido. El agresor fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida, encontrándole culpable de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito de lesiones. Le sentenciaron a pagar al agente una indemnización de 2.400 euros por las lesiones que le causó, además de la pena de prisión.
El delincuente no pagó porque no tenía dinero. Fue declarado insolvente por el propio tribunal el 5 de febrero de 2009.
Ante esta situación el agente reclamó el dinero a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. En diciembre de 2009 la Dirección General le contestó diciéndole que no le pagaba los 2.400 euros ya que la indemnización que solicitaba «corresponde únicamente al condenado por el delito».
El agente acudió entonces a los tribunales y ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha decidido condenar a la Administración General del Estado a abonar al agente en cuestión los 2.400 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa.
En acto de servicio
La sentencia indica que en el caso de actuaciones de funcionarios públicos que están desempeñando sus cargos, el Consejo de Estado puntualiza que «quien sufre por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido al estar en el ejercicio de la función pública».
Recalca el tribunal que no puede obviarse que al agente le unía una relación de servicios con la administración, «y en el desempeño de la misma se causó unas lesiones y daños materiales que no tiene el deber jurídico de soportar». Añade que incluso la propia administración calificó, en el expediente instruido, que el policía había sufrido unas lesiones, «causadas o con ocasión de servicio».
http://www.hoy.es/v/20111201/regional/condenan-estado-pagar-euros-20111201.html