La Policía acusa a la Guardia Civil de ‘apropiarse’ de 1,8 millones de datos de sus bases

Cuatro sindicatos de agentes dirigen un escrito al Ministerio del Interior en el que denuncian que el Instituto armado lleva más de un año ‘volcando’ de manera supuestamente irregular archivos del DNI y del registro sobre inmigrantes Adextra. La Benemérita lo niega y asegura que está haciendo un uso autorizado sobre dichas fuentes de información. 

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a estar a la gresca y, esta vez, por escrito. Cuatro de los cinco sindicatos representativos de la primera han remitido en los últimos días al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, una dura carta en la que acusan al Instituto armado de invadir supuestamente funciones que consideran exclusivas suyas, además de detallar en la misma misiva actuaciones recientes que consideran irregulares. Entre estas últimas destacan lo que califican de “volcado” masivo de datos de dos bases “cuyo control y administración están en la actualidad, y por el momento, atribuidas a la Policía Nacional”. Se refieren a las del DNI y Adextra, un registro este último en el que se recoge información administrativa sobre residentes extranjeros en nuestro país. Los sindicatos aseguran que desde que se le dió acceso hace algo más de un año a estas fuentes de información, el Instituto armado ha procedido a hacer más de 1,8 millones de consultas. Un alto número que las fuentes policiales consultadas consideran “excesiva y muy por encima de la que hacemos nosotros”. Fuentes de la Guardia Civil rechazan de plano la acusación de mal uso de dichas bases de datos por su parte.

La queja por escrito llegó el pasado 7 de enero a la sede del Ministerio del Interior e iba firmada por los máximos dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Alternativa Sindical de Policía (ASP). En la misma, las cuatro organizaciones cargan duramente contra la decisión del pasado 17 de diciembre de modificar la “organización y funcionamiento” de los Centros de Cooperación Policial y Aduaneros (CCPA) existentes con Francia y Portugal para ‘supeditar’ la actuación de los policías destinados en ellos a las decisiones de un mando del Instituto armado. Una decisión que consideran “una nueva constatación expresa de la inequívoca intención de la cúpula del actual Ministerio del Interior de eliminar competencialmente a la Policía Nacional en favor del Cuerpo de la Guardia Civil”. Un hecho del que acusan directamente a un coronel destinado en la Secretaria de Estado de Seguridad, del que aseguran que ha conseguido convertir este órgano del Ministerio “en su verdadera ‘Casa Cuartel”.

Esta denuncia da pie a los representantes de los agentes a enumerar en el mismo escrito una larga lista de recientes ‘agravios’ relacionados con esa supuesta usurpación de competencias. Entre ellas destaca, precisamente, el “volcado” de las bases de datos del DNI y de Adextra. “La información que contienen es de tipo administrativo y no está dirigido a la investigación”, señalan fuentes policiales consultadas por este diario, que aseguran que desde que se dio acceso a la Guardia Civil para su consulta, el Instituto armado hace una media de 50.000 visitas al día. “Se dan casos tan sospechosos como el de un puesto situado en un pueblo de poco más de 300 habitantes que ha llegado a realizar hasta 2.000 consultas de fichas del documento de identidad”, denuncian las mismas fuentes. “Y con Adextra pasa lo mismo”, añaden. Sin embargo, las diversas fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario niegan que estén realizando ningún volcado masivo de datos y aseguran que las consultas que se hacen desde sus equipos informáticos “son las estrictamente necesarias en el día a día”.

Trenes y barcos

Los sindicatos aún no han recibido una respuesta oficial desde el Ministerio del Interior a esta denuncia concreta, aunque el ‘número 2’ del departamento, Francisco Martínez, destinatario de la misiva, se reunióeste lunes con representantes de uno de los sindicatos firmantes del escrito, la UFP. Según fuentes conocedoras de lo tratado en este encuentro, el secretario de Estado negó en todo momento la existencia de un supuesto  “favoritismo” hacia la Guardia Civil, aunque se comprometió a atender otras quejas contenidas en el escrito. Se trata en concreto de las que denunciaban la presencia de miembros de la Guardia Civiluniformados en barcos y trenes realizando labores de identificación de pasajeros y registro de equipajes. La Policía considera que esa función es exclusiva de su Brigada Móvil y denuncian casos concretos. En primer lugar, la presencia de tres agentes del Instituto armado los pasados 22 y 26 de diciembre en el ferry que hace el trayecto Algeciras-Ceuta. En segundo, “realizando despliegues tácticos” en estaciones de ferrocarril como la de Logroño o “viajando de uniforme en trenes Altaria”. Según las fuentes consultadas, el ‘número 2’ de Interior, quien recalcó su situación de interinidad desde las elecciones del 20-D, ha prometido poner fin a la dichas actuaciones de la Guardia Civil en ambos medios de transporte.

Una promesa que las fuentes sindicales consultadas califican de “parche” ya que la carta que le remitieron incluía otras denuncias además de ésta, la del volcado de datos y la de la nueva organización de las comisarías conjuntas con Francia y Portugal. De hecho, los policías también destacaban en la misiva la actuación de “varios guardias civiles, entre ellos un teniente” que se identificaron “en diversos hostales del centro de Madrid como componentes de una Unidad de Inmigración” del Instituto armado y que fotocopiaban libros de registro y documentaciones de viajeros cuando, destacan los sindicatos, las funciones en materia de extranjeríason competencia exclusiva de la Policía Nacional. También critican el “decrecimiento exponencial” que ha sufrido la presencia de sus agentes “en Casa Real, Presidencia del Gobierno, Europol, Relaciones Policiales con cuerpos extranjero o la propia Secretaria de Estado” hasta terminar siendo “anecdótica”. De todo ello acusan directamente al coronel de la Guardia Civil destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

La misiva recuerda que todos estos hechos suponen una violación de laLey de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fija las competencias y ámbitos de actuación de Policía y Guardia Civil. “En un Estado de Derecho, las normas están para ser cumplidas. Y los máximos representantes del poder Ejecutivo no pueden sustraerse a ellas“, recalcan. La carta termina recordando a Francisco Martínez que los agentes de la Policía Nacional son ·responsables en primera persona de que la Legislatura que recientemente ha finalizado, se haya caracterizado por una profunda paz social y por una cotas de seguridad ciudadanas desconocidas, máxime en un periodo de profunda crisis económica. Solamente por esto, usted debería estar agradecido a todos y cada unode los policías”, concluye el escrito.

UNA LARGA LISTA DE ROCES

En los últimos dos años se han sucedido los roces entre Policía y Guardia Civil. El último conocido se produjo el pasado mes de febrero, cuando la desarticulación en Málaga de una banda que usaba ‘narco-helicópteros’ para traer droga desde Marruecos y la captura de su ‘capo’ francés enfrentan a los dos cuerpos y desemboca en una trifulca entre un comisario y un general en una reunión en Interior. Sólo un mes antes, y tras desvelar Vozpópuli la existencia de una nota interna firmada por los responsables del Instituto armado en la frontera de Huesca con Francia en la que se daban instrucciones a las patrullas de la Benemérita para que‘espiasen’ lo que hacían en su demarcación los agentes del otro cuerpo desplegados en labores de extranjería, los sindicatos de Policía enviaron a Mariano Rajoy una queja por escrito.

El origen del actual enfrentamiento, que va más allá de la rivalidad, se remonta a febrero de 2013, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al mismo alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden.

En diciembre de ese mismo año volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Más recientemente, en mayo de 2014un aparentemente inofensivo acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada desembocó en una nueva gresca. La decisión de Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el Gobierno del PP restringía “lenta e inexorablemente” su ámbito competencial. Los cuatro sindicatos de la Policía enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento

La operación que permitió detener en mayo del año pasado a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria también provocó roces. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma ‘célula’. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la ‘Operación Javer’ destacaron entonces a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que fue el que dirigió la investigación.

 

 

http://vozpopuli.com/actualidad/74224-la-policia-acusa-a-la-guardia-civil-de-apropiarse-de-1-8-millones-de-datos-de-sus-bases

Encontronazo entre Guardia Civil y Policía por la presencia de agentes en los ferris de Algeciras

Polémica por las competencias en materia de vigilancia de rutas marítimas

Los sindicatos policiales han enviado una carta a Hacienda y a la Delegación del Gobierno en Andalucía por la presencia de agentes de la Guardia Civil en ferris que cubren la ruta Algeciras-Ceuta. Una competencia que, según reclaman, es exclusiva suya.

Los principales sindicatos policiales han denunciado que en dichas rutas en los últimos días de diciembre. Concretamente, aseguran, entre los días 22 y 26 de diciembre, cuando grupos de 3 agentes de la Guardia Civil con arma larga embarcaron en los ferris con destino a Ceuta.

Tal y como indican en la misiva enviada a la Delegación del Gobierno y a Hacienda, las competencias sobre la vigilancia de rutas marítimas está “expresamente atribuida” a agentes del Cuerpo Nacional de Policía por la Ley Orgánica 2/86, y en el Plan Permanente de Seguridad Antiterrorista de 2006.

Según explican, a las navieras que cubren dicho trayecto se les remitió el pasado mes una relación por escrito de los 38 agentes de la Guardia Civil que participarían en estas labores de vigilancia. Una orden que va acompañada de la firma de un capitán.

Exigen, por tanto, que se revoque la orden y que los guardias civiles dejen de prestar vigilancia en estas rutas.

 

 

 

 

http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Encontronazo-Guardia-Civil-Policia-Algeciras_0_2631936797.html

Condenan al Estado a pagar 2.400 euros a un policía agredido por un delincuente

¿Qué ocurre cuando un delincuente es condenado a indemnizar a un policía al que agredió, y éste no tiene dinero? ¿Se queda el agente sin recibir la indemnización? Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura señala que entonces quien tiene que pagar es el Estado.
La actuación policial que ha originado esta polémica tuvo lugar el 22 de junio del año 2006. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía resultó herido. El agresor fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida, encontrándole culpable de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito de lesiones. Le sentenciaron a pagar al agente una indemnización de 2.400 euros por las lesiones que le causó, además de la pena de prisión.
El delincuente no pagó porque no tenía dinero. Fue declarado insolvente por el propio tribunal el 5 de febrero de 2009.
Ante esta situación el agente reclamó el dinero a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. En diciembre de 2009 la Dirección General le contestó diciéndole que no le pagaba los 2.400 euros ya que la indemnización que solicitaba «corresponde únicamente al condenado por el delito».
El agente acudió entonces a los tribunales y ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha decidido condenar a la Administración General del Estado a abonar al agente en cuestión los 2.400 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa.
En acto de servicio
La sentencia indica que en el caso de actuaciones de funcionarios públicos que están desempeñando sus cargos, el Consejo de Estado puntualiza que «quien sufre por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido al estar en el ejercicio de la función pública».
Recalca el tribunal que no puede obviarse que al agente le unía una relación de servicios con la administración, «y en el desempeño de la misma se causó unas lesiones y daños materiales que no tiene el deber jurídico de soportar». Añade que incluso la propia administración calificó, en el expediente instruido, que el policía había sufrido unas lesiones, «causadas o con ocasión de servicio».
http://www.hoy.es/v/20111201/regional/condenan-estado-pagar-euros-20111201.html

Policías sobre la ‘ley mordaza’ española: vulnera derechos ciudadanos y complica las actuaciones

Primero fue el rechazo de la totalidad de los partidos políticos de la oposición y las asociaciones civiles a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La calle también recogió el malestar de los españoles respecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y de la reforma del Código Penal. Una legislación que relega el papel del estamento judicial en los recursos a las sanciones impuestas por un agente a un ciudadano en relación a actos de protesta.

De hecho, hasta la propia ONU considera esta normativa como una amenaza “contra los derechos y libertades fundamentales de los individuos”. El texto legislativo está, además, recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, seguramente, las críticas que han gozado de menos visibilidad y las más dolorosas son las que proceden de algunos colectivos de los cuerpos de seguridad del Estado español, es decir, de parte de los efectivos que deben garantizar su aplicación y para los que ésta constituye una herramienta de vital importancia en el desarrollo de su trabajo.

Sólo dos de los cinco colectivos consultados por VICE News se declaran ampliamente favorables al planteamiento de esta joven legislación. Uno de ellos es la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Con todo, José Cobo, secretario de comunicación de esta agrupación, reconoce a VICE News que en una ley de estas características “si los agentes ganan en derechos, la ciudadanía pierde”.

“Yo miro por el cuerpo y los agentes están más protegidos porque muchas sanciones [impuestas por los efectivos de las fuerzas de seguridad] que pasaban por la vía judicial, ahora se resuelven con una multa “, explica el portavoz de AEGC.

Cobo se refiere a uno de los aspectos clave y más polémicos de esta ley y mediante el cual se sustrae a los jueces el control previo en la sanción de conductas.

“Antes, una sanción impuesta por los agentes [por insultar o agredir a un policía, por ejemplo] era recurrible ante un juez. Ahora, en cambio, se debe recurrir ante la delegación del gobierno y si se pierde sólo puede llevarse al juzgado tras el pago previo de la multa, lo que también implica, claro, hacerse cargo de los costes judiciales”, explica a VICE News Antonio Trevín, portavoz de la comisión de interior del partido socialista (PSOE) en el Congreso.

Hay que pensar, añade este diputado, “que los juzgados sólo solían confirmar el 10% de las sanciones [impuestas por los agentes]”.

Como el PSOE, el resto de los partidos de la oposición se han manifestado en contra de esta ley, que entró en vigor el pasado mes de julio gracias al único apoyo del gubernamental Partido Popular que, por entonces, gozaba de mayoría absoluta en la cámara legislativa. Ahora, con la pérdida de más de 60 escaños en los últimos comicios generales parece que esta iniciativa tiene los días contados.

“Esta ley fue aprobada por rodillo parlamentario, con la oposición de todos y sin que nos consultaran nada”, se lamenta Emilio Diz, portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), durante su conversación con VICE News.

La normativa, que utiliza fórmulas de sanción poco claras como aquellas que se refieren a la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” entorno a las sedes de las cámaras legislativas o los parlamentos autonómicos, nació tras los convulsos y contestatarios años de la crisis que llenaron las calles de manifestaciones y concentraciones contra los recortes y la corrupción.

Además, la controvertida normativa sanciona los actos destinados a evitar desahucios o los escraches, así como el “escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.

“Nos manifestamos totalmente en contra [de esta ley] porque nos oponemos a cualquier iniciativa que restrinja los derechos fundamentales de los ciudadanos”, asegura Diz. En este sentido, el portavoz asegura que se trata de una normativa para acallar los cánticos y los gritos de protesta. “No creo que se haya hecho pensando tanto en la protección y honorabilidad de los agentes, sino para recortar la libertad de expresión [un insulto a un político también puede ser origen de una sanción] y con fines recaudatorios”.

Así, la ley sanciona con entre 30.000 y 600.000 euros “las manifestaciones no autorizadas o prohibidas ante infraestructuras críticas” y aquellos comportamientos que puedan “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos” o como se adelantaba en este artículo “frente al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos”.

“Hay que aclarar que se entiende por perturbar, ¿quemar contenedores, impedir el paso a un edificio público? No podemos dejar en manos de los agentes esta interpretación porque entonces dependerá de lo retrogrado o progresista que sea éste y [en última instancia] del carácter democrático del delegado o subdelegado que deba decidir”, considera Diz.

En los mismos términos se expresa Javier Estévez, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario con cerca de 30.000 policías nacionales afiliados, para quien la ley es demasiado “difusa” e imprecisa.

Para Estévez, la normativa cuenta con aspectos positivos como la sanción de los escraches que éste agente considera una violación de la intimidad. Sin embargo, asegura, “no da, en muchos casos, mayores garantías al trabajo policial, ya que por sus frases de contenido indeterminado y poco concretas (perturbación grave, injerencia mínima…) no facilita la labor policial ni el entendimiento de esta por los ciudadanos” y, además, “supone un verdadero recorte de derechos de los ciudadanos”.

Estévez asegura que ante las protestas sindicales de policías realizadas recientemente, algunas delegaciones y subdelegaciones del gobierno querían utilizar la ley Mordaza para identificar a los agentes concentrados y sancionarlos “con entre 600 y 30.000 euros”. Algo que, finalmente, no llegó a suceder.

Aunque la ley tenga importantes inconvenientes, concluye, la solución no es la derogación, sino la modificación, “hay que mejorarla”.

La Policía sólo tiene vetado el derecho a la huelga, mientras que la Guardia Civil tampoco goza del derecho a manifestarse por lo que la ‘ley mordaza’ nunca podría ser utilizada contra los intereses gremiales de la Benemérita que obedece a un régimen de naturaleza militar.

En el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana también se sancionan “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.

De hecho, la primera vez que se aplicó la ‘ley mordaza’ fue por este último supuesto. Eduardo Díaz, un joven de Güímar, una localidad de las Islas Canarias, colgó en Facebook un texto sarcástico en el que se refería a la labor de la Policía Municipal, a la que denominaba “casta de escaqueados” y poco después recibió una propuesta de sanción [pendiente de resolver por la delegación del gobierno en esta comunidad] de entre 100 y 600 euros.

“Nadie demandó esta ley que, aunque nos protege [a los agentes] castiga duramente derechos fundamentales como el de manifestación”, asegura Juan Antonio Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a VICE News. Queremos protegernos pero sin que esto signifique limitar los derechos de los ciudadanos, resume Fernández.

Otro aspecto polémico y que atañe directamente a las fuerzas de seguridad es la penalización de la difusión no autorizada de imágenes de sus acciones. En este sentido, Jesús Andrés de Dios, portavoz del Sindicato Profesional de la Policía, entiende que casos como los de la mujer de Petrer (Alicante) multada con 800 euros por captar una foto de un coche de la policía aparcado en una zona reservada para personas con discapacidad y publicada en una red social no debería ser motivo de sanción.

Con todo, Andrés de Dios, como Cobo y a diferencia del resto de entrevistados, considera que la mayor parte de los cambios impulsados por la ley, en aspectos como las sanciones por falta de respeto a los agentes, son positivos y contribuyen a la mejora de la seguridad.

 

 

 

 

https://news.vice.com/es/article/policias-sobre-ley-mordaza-espanola-vulnera-derechos-ciudadanos-y-complica-actuaciones

La policía detiene a una guardia civil por traficar con cocaína

La mujer quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando fuera requerida

 

El pasado miércoles la Policía Nacional detuvo en Valencia a una agente de la Guardia Civil en una operación antidroga llevado a cabo entre la localidad de Cullera y la propia capital, que se saldó con la incautación de 10 gramos de cocaína así como con el arresto de otro varón, al que se le intervino una cantidad idéntica de esta sustancia y al que se le acusa de ser el encargado de comercializarla.

La información rcogida por ‘Las Provincias’ hace referencia al inicio de las investigaciones tras la autorización de un juzgado de Huesca a intervenir las comunicaciones de la sospechosa, que desvelaron que la droga iba a ser distribuida en la capital oscense o provincia. Por ello, dos miembros de la Policía Nacional de la región se desplazaron hasta Valencia para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo a la mujer.

Los acontecimientos les llevaron hasta un domicilio de Valencia donde residía el supuesto traficante de drogas. La agente de la Guardia Civil fue detenida el miércoles y fue trasladada a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial. Fuentes jurídicas confirmaron al citado medio que la mujer quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando fuera requerida para ello. Al hombre se le intervinieron 30 gramos de cocaína.

Por otra parte, desde el ayuntamiento de la localidad valenciana se asegura que esta mujer de 34 años no llegó a prestar servicio en la localidad por los diferentes expedientes disciplinarios que tiene abiertos. En su momento fue investigada por un delito de tráfico de armas.

 

 

 

 

 

 

http://www.ideal.es/nacional/201512/28/policia-detiene-guardia-civil-20151228114353.html