Dos mandos de la Guardia Civil apoyaron el permiso en el que se fugó el narco

Vicente L. S., de 53 años, engatusó al agente que lo custodiaba para que le dejara ir al baño y escapó por la ventana – Ya se fugó en otra operación en 2013

 

El narco que se fugó el pasado 5 de enero de casa de su madre, en Majadahonda (Madrid), obtuvo el permiso extraordinario para salir de prisión gracias, entre otras cosas, a un informe favorable firmado por dos mandos de la Guardia Civil de Madrid que su abogado entregó en mano al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la causa antidroga por la que el fugitivo, un asesor financiero de 53 años llamado Vicente L. S., permanecía en prisión provisional. Los firmantes son un teniente y un cabo, y al menos el primero de ellos pertenece a la unidad antinarcóticos del cuerpo, según afirmaron a Levante-EMV fuentes conocedoras de la existencia de ese escrito.

Las mismas fuentes explicaron que el juez recibió la petición de excarcelación junto con el informe, que no había sido solicitado a través de ningún juzgado. Además, la junta de tratamiento de la prisión de Navalcarnero (Madrid), donde Vicente L. S. estaba recluido a la espera de juicio, también apoyó la salida de prisión para que el reo pudiese ir a visitar a su madre en Reyes, alegando que estaba enferma.

Este diario no ha podido confirmar si la mujer estaba o no en el domicilio cuando el presunto traficante llegó custodiado por dos guardias civiles. Quien sí estaba es la esposa de Vicente, una mujer de origen brasileña que a punto ha estado de ser detenida ante la sospecha de que hubiese participado en el plan de fuga de su marido.

Según las fuentes antes citadas, tras un desayuno de leche y galletas, Vicente entabló una amigable conversación con uno de los agentes, con quien al parecer compartía pueblo de procedencia. En un momento determinado, sobre las 10.20 horas, pidió a los agentes ir al baño con urgencia. Los guardias se lo permitieron, aunque le pidieron que dejase la puerta entreabierta.

Fue suficiente. Cuando habían pasado ya más minutos de los razonables para una visita al baño, los agentes llamaron y no obtuvieron respuesta. Entraron pistola en mano, pero ya era tarde: la ventana abierta del baño era testigo mudo de que Vicente había saltado y huido sin que hasta el momento haya sido localizado.

Experto en fugas
El juez Andreu ha abierto una investigación para depurar responsabilidades por la fuga que a todas luces estaba planificada, por lo que todo apunta a que ése fue el motivo real de que solicitase el permiso para ver a su madre.

Al parecer, el asesor financiero, que tenía despacho en Majadahonda, es un experto en el arte de huir de la policía. Ya lo hizo en enero de 2013, cuando agentes del EDOA de Valencia desplazados a Madrid lo perdieron en las inmediaciones de Atocha después de que saltara un muro y escapase.

Meses más tarde fue apresado en un supermercado de la capital madrileña tras una intensa investigación y pese a que había cambiado por completo de aspecto físico hasta el punto de no parecerse en nada al hombre buscado.

Vicente L. S. tiene pendientes dos juicios. El primero, por la importación de 424 kilos de cocaína llegados al puerto de Valencia el 28 de diciembre de 2012 en un contenedor con carbón vegetal decomisado días después en Humanes (Madrid) –fue trasladado el pasado octubre a la Audiencia de Valencia para la vista oral, pero ésta se suspendió por la incomparecencia de dos acusados– y el segundo, por la llegada de otros tres contenedores más con cocaína –uno aprehendido en marzo de 2014 en Valencia con 123 kilos, otro el 30 de abril en Cádiz, con otros 105 kilos, y otro más en el puerto gaditano un mes más tarde, el 30 de junio, que escondía en su interior 378 kilos de droga–, causa que instruye el juez Andreu.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levante-emv.com/sucesos/2016/01/19/mandos-guardia-civil-apoyaron-permiso/1367533.html

Sancionado un guardia civil que fue de copas a un club de uniforme y armado

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo confirma dos sanciones de tres meses sin empleo y sueldo

Considera que su actuación fue “gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil”

El Tribunal Supremo ha confirmado los seis meses de suspensión de empleo y sueldo a un guardia civil del puesto de Seseña (Toledo) que en horario de servicio entró de uniforme y armado en el club de alterne El Cruce, donde pasó un par de horas tomando cubalibres.

Según el relato de hechos probados, el guardia civil sancionado, como jefe de pareja de una patrulla de seguridad ciudadana, tenía que vigilar, entre las 22.00 horas del 8 de abril de 2013 y las 6.00 horas del día 9 las vías de servicio de la autovía A-4 y las zonas industriales aledañas, además de prevenir robos de vehículos, en el interior de camiones y en locales comerciales por la zona de Seseña Nuevo.

En lugar de eso, hacia la 1:30 horas la pareja se dirigió a un club de Valdemoro. El agente expedientado «estuvo de pie junto a la barra del establecimiento, consumiendo ron con Coca-Cola y departiendo con las mujeres que allí trabajaban en funciones de alterne, mientras animaba en elevado tono de voz al Guardia auxiliar de pareja a consumir cubalibres».

El dueño del local, sorprendido y tal vez preocupado por la repercusión en la clientela, llamó al cuartel de Valdemoro para preguntar «si era normal» que en su local estuvieran dos guardias civiles de uniforme y armados consumiendo alcohol. Y que, en este caso, «qué debía hacer». Al lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil que no llegaron a entrar en el local.

Ante sus superiores, el agente sostuvo que no había llegado a entrar en el club, que sólo había estado en la explanada adyacente «hablando con unos amigos» y que luego, al observar un movimiento sospechoso en las inmediaciones local, fue con su compañero a comprobarlo.

La Sala de lo Militar del Supremo, sin embargo, confirma la sentencia del Tribunal Militar que ratificó las dos sanciones de tres meses cada una impuestas por el director general de la Guardia Civil como autor de sendas faltas graves consistentes en «la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil» y «ausentarse del servicio».

La sentencia del Supremo destacan que cualquier guardia civil, a causa de su profesión y conocimientos que se le exigen, llegaría a la conclusión que al acudir a un club de alterne, desatendiendo el mismo, con uniforme y armamento reglamentario para consumir bebidas alcohólicas es una conducta «indecorosa y perjudicial para el servicio».

Durante el tiempo que permaneció en el club, según la sentencia, se menoscabó sus tareas de seguridad ciudadana y vial, poniendo en peligro «los cometidos esenciales» del Instituto Armado.

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/madrid/2016/01/17/569b79e146163ff0038b456d.html

Recibe el alta el guardia civil herido por un disparo el 8 de diciembre

El presunto agresor, que apretó el gatillo de una escopeta de caza a bocajarro, cumple prisión preventiva en la cárcel de Alcolea

Después de un mes de hospitalización y complejas intervenciones quirúrgicas, el guardia civil de 38 años que el pasado 8 de diciembre recibió un disparo a bocajarro en el abdomen por parte de un vecino de Montalbán ya ha recibido el alta médica. El propio agente confirmó ayer a El Día que se encuentra en casa, en Córdoba capital, tras su paso por el hospital comarcal de Montilla y dijo de manera escueta que afronta con paciencia y “poco a poco” una recuperación que será larga. El convaleciente agradeció el interés y las muestras de reconocimiento de las últimas semanas.

El mismo día del suceso, el lesionado afrontó una intervención quirúrgica de más de tres horas y, pese a la gravedad de las heridas, el equipo médico siempre ha sido optimista sobre la salud del agente. De hecho, en aquellas primeras horas, claves para su recuperación, los médicos ya mostraron su sorpresa por la fortaleza del uniformado, que estuvo consciente y pudo hablar con su familia, a quienes indicó que se encontraba “tranquilo”.

En el suceso resultó herido otro agente, aunque de carácter leve, y fue dado de alta aquel mismo día por la tarde tras ser asistido en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba capital.

El suceso se desencadenó alrededor de las 11:00 del pasado 8 de diciembre, cuando una patrulla de La Rambla acudió al domicilio paterno del ya detenido, en Montalbán, después de que su exsuegro diera parte por unas presuntas amenazas de muerte contra su hija. Al llegar al domicilio y, según el relato inicial, los agentes escucharon desde la calle cómo el sospechoso, Félix M. D., discutía. El uniformado entró al zaguán y llamó, momento en que el imputado le apuntó con una escopeta de caza y apretó el gatillo sin mediar palabra. El disparo se produjo a poco más de un metro de distancia: cuando las postas alcanzaron el cuerpo del agente el diámetro del impacto ya superaba los diez centímetros.

Dos días más tarde, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla decretó el ingreso en prisión preventiva del presunto agresor, que permanece en el centro penitenciario de Alcolea, en Córdoba capital, mientras se desarrolla la instrucción. La investigación deberá aclarar si el imputado sufría alguna alteración.

 

 

 

 

 

http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/2194596/recibe/alta/guardia/civil/herido/por/disparo/el/diciembre.html

La Policía acusa a la Guardia Civil de ‘apropiarse’ de 1,8 millones de datos de sus bases

Cuatro sindicatos de agentes dirigen un escrito al Ministerio del Interior en el que denuncian que el Instituto armado lleva más de un año ‘volcando’ de manera supuestamente irregular archivos del DNI y del registro sobre inmigrantes Adextra. La Benemérita lo niega y asegura que está haciendo un uso autorizado sobre dichas fuentes de información. 

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a estar a la gresca y, esta vez, por escrito. Cuatro de los cinco sindicatos representativos de la primera han remitido en los últimos días al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, una dura carta en la que acusan al Instituto armado de invadir supuestamente funciones que consideran exclusivas suyas, además de detallar en la misma misiva actuaciones recientes que consideran irregulares. Entre estas últimas destacan lo que califican de “volcado” masivo de datos de dos bases “cuyo control y administración están en la actualidad, y por el momento, atribuidas a la Policía Nacional”. Se refieren a las del DNI y Adextra, un registro este último en el que se recoge información administrativa sobre residentes extranjeros en nuestro país. Los sindicatos aseguran que desde que se le dió acceso hace algo más de un año a estas fuentes de información, el Instituto armado ha procedido a hacer más de 1,8 millones de consultas. Un alto número que las fuentes policiales consultadas consideran “excesiva y muy por encima de la que hacemos nosotros”. Fuentes de la Guardia Civil rechazan de plano la acusación de mal uso de dichas bases de datos por su parte.

La queja por escrito llegó el pasado 7 de enero a la sede del Ministerio del Interior e iba firmada por los máximos dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Alternativa Sindical de Policía (ASP). En la misma, las cuatro organizaciones cargan duramente contra la decisión del pasado 17 de diciembre de modificar la “organización y funcionamiento” de los Centros de Cooperación Policial y Aduaneros (CCPA) existentes con Francia y Portugal para ‘supeditar’ la actuación de los policías destinados en ellos a las decisiones de un mando del Instituto armado. Una decisión que consideran “una nueva constatación expresa de la inequívoca intención de la cúpula del actual Ministerio del Interior de eliminar competencialmente a la Policía Nacional en favor del Cuerpo de la Guardia Civil”. Un hecho del que acusan directamente a un coronel destinado en la Secretaria de Estado de Seguridad, del que aseguran que ha conseguido convertir este órgano del Ministerio “en su verdadera ‘Casa Cuartel”.

Esta denuncia da pie a los representantes de los agentes a enumerar en el mismo escrito una larga lista de recientes ‘agravios’ relacionados con esa supuesta usurpación de competencias. Entre ellas destaca, precisamente, el “volcado” de las bases de datos del DNI y de Adextra. “La información que contienen es de tipo administrativo y no está dirigido a la investigación”, señalan fuentes policiales consultadas por este diario, que aseguran que desde que se dio acceso a la Guardia Civil para su consulta, el Instituto armado hace una media de 50.000 visitas al día. “Se dan casos tan sospechosos como el de un puesto situado en un pueblo de poco más de 300 habitantes que ha llegado a realizar hasta 2.000 consultas de fichas del documento de identidad”, denuncian las mismas fuentes. “Y con Adextra pasa lo mismo”, añaden. Sin embargo, las diversas fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario niegan que estén realizando ningún volcado masivo de datos y aseguran que las consultas que se hacen desde sus equipos informáticos “son las estrictamente necesarias en el día a día”.

Trenes y barcos

Los sindicatos aún no han recibido una respuesta oficial desde el Ministerio del Interior a esta denuncia concreta, aunque el ‘número 2’ del departamento, Francisco Martínez, destinatario de la misiva, se reunióeste lunes con representantes de uno de los sindicatos firmantes del escrito, la UFP. Según fuentes conocedoras de lo tratado en este encuentro, el secretario de Estado negó en todo momento la existencia de un supuesto  “favoritismo” hacia la Guardia Civil, aunque se comprometió a atender otras quejas contenidas en el escrito. Se trata en concreto de las que denunciaban la presencia de miembros de la Guardia Civiluniformados en barcos y trenes realizando labores de identificación de pasajeros y registro de equipajes. La Policía considera que esa función es exclusiva de su Brigada Móvil y denuncian casos concretos. En primer lugar, la presencia de tres agentes del Instituto armado los pasados 22 y 26 de diciembre en el ferry que hace el trayecto Algeciras-Ceuta. En segundo, “realizando despliegues tácticos” en estaciones de ferrocarril como la de Logroño o “viajando de uniforme en trenes Altaria”. Según las fuentes consultadas, el ‘número 2’ de Interior, quien recalcó su situación de interinidad desde las elecciones del 20-D, ha prometido poner fin a la dichas actuaciones de la Guardia Civil en ambos medios de transporte.

Una promesa que las fuentes sindicales consultadas califican de “parche” ya que la carta que le remitieron incluía otras denuncias además de ésta, la del volcado de datos y la de la nueva organización de las comisarías conjuntas con Francia y Portugal. De hecho, los policías también destacaban en la misiva la actuación de “varios guardias civiles, entre ellos un teniente” que se identificaron “en diversos hostales del centro de Madrid como componentes de una Unidad de Inmigración” del Instituto armado y que fotocopiaban libros de registro y documentaciones de viajeros cuando, destacan los sindicatos, las funciones en materia de extranjeríason competencia exclusiva de la Policía Nacional. También critican el “decrecimiento exponencial” que ha sufrido la presencia de sus agentes “en Casa Real, Presidencia del Gobierno, Europol, Relaciones Policiales con cuerpos extranjero o la propia Secretaria de Estado” hasta terminar siendo “anecdótica”. De todo ello acusan directamente al coronel de la Guardia Civil destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

La misiva recuerda que todos estos hechos suponen una violación de laLey de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fija las competencias y ámbitos de actuación de Policía y Guardia Civil. “En un Estado de Derecho, las normas están para ser cumplidas. Y los máximos representantes del poder Ejecutivo no pueden sustraerse a ellas“, recalcan. La carta termina recordando a Francisco Martínez que los agentes de la Policía Nacional son ·responsables en primera persona de que la Legislatura que recientemente ha finalizado, se haya caracterizado por una profunda paz social y por una cotas de seguridad ciudadanas desconocidas, máxime en un periodo de profunda crisis económica. Solamente por esto, usted debería estar agradecido a todos y cada unode los policías”, concluye el escrito.

UNA LARGA LISTA DE ROCES

En los últimos dos años se han sucedido los roces entre Policía y Guardia Civil. El último conocido se produjo el pasado mes de febrero, cuando la desarticulación en Málaga de una banda que usaba ‘narco-helicópteros’ para traer droga desde Marruecos y la captura de su ‘capo’ francés enfrentan a los dos cuerpos y desemboca en una trifulca entre un comisario y un general en una reunión en Interior. Sólo un mes antes, y tras desvelar Vozpópuli la existencia de una nota interna firmada por los responsables del Instituto armado en la frontera de Huesca con Francia en la que se daban instrucciones a las patrullas de la Benemérita para que‘espiasen’ lo que hacían en su demarcación los agentes del otro cuerpo desplegados en labores de extranjería, los sindicatos de Policía enviaron a Mariano Rajoy una queja por escrito.

El origen del actual enfrentamiento, que va más allá de la rivalidad, se remonta a febrero de 2013, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al mismo alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden.

En diciembre de ese mismo año volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Más recientemente, en mayo de 2014un aparentemente inofensivo acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada desembocó en una nueva gresca. La decisión de Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el Gobierno del PP restringía “lenta e inexorablemente” su ámbito competencial. Los cuatro sindicatos de la Policía enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento

La operación que permitió detener en mayo del año pasado a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria también provocó roces. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma ‘célula’. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la ‘Operación Javer’ destacaron entonces a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que fue el que dirigió la investigación.

 

 

http://vozpopuli.com/actualidad/74224-la-policia-acusa-a-la-guardia-civil-de-apropiarse-de-1-8-millones-de-datos-de-sus-bases

Expulsan del cuerpo a un guardia civil que se accidentó ebrio con un coche oficial

El siniestro se produjo tras las celebraciones de la patrona del instituto armado del 2010

La Justicia Militar acaba de confirmar la expulsión del cuerpo de la Guardia Civil de un agente que, tras las celebraciones de la patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar, de hace seis años, sufrió un accidente de tráfico en un coche oficial que conducía estando ebrio. De este modo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo ratifica la separación del servicio, una circunstancia que conlleva «la pérdida de la condición de militar de carrera de la Guardia Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos excepto los derechos pasivos que hubiese consolidado».

La medida es consecuencia de una sentencia previa de la Audiencia de Lugo, que impuso al agente cinco meses de prisión por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas en concurso con un delito de lesiones imprudentes, así como otros seis meses de cárcel por desobediencia. Igualmente, se le condenó a indemnizar con 30.833 euros a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños ocasionados en el coche patrulla.

El accidente se produjo minutos antes de las ocho de la tarde del 12 de octubre del 2010, día de la Hispanidad, cuando el agente circulaba por la LU-541 «después de haber ingerido bebidas alcohólicas que mermaban sus facultades psicofísicas». De este modo, tras adelantar a varios vehículos, se incorporó «de manera brusca» al carril derecho, «momento en el que el imputado realiza un brusco giro a la izquierda a fin de retomar la calzada, cruzando esta de derecha a izquierda al tiempo que se ladea, saliéndose a su vez por el margen izquierdo». El coche quedó volcado en una finca.

Tanto el conductor como su compañero resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un centro médico. Allí, al funcionario se le extrajo sangre, inicialmente, con fines terapéuticos, si bien, posteriormente, un auto judicial autorizó la custodia y conservación de las muestras para determinar la tasa de alcohol, cuyo resultado fue positivo.

En la sentencia se hace constar que el agente se negó a someterse a la prueba de alcoholemia alegando que «tenía cristales en la boca, siendo contradicho tal diagnóstico por el médico de guardia que lo atendió». Se da la circunstancia de que el agente ya fue condenado en el 2004 por un juzgado de Lugo y por la Audiencia de Pontevedra, si bien tales antecedentes están cancelados.

Los magistrados del Tribunal Supremo, en cualquier caso, consideran que lo hechos ocurridos aquel 12 de octubre «son de tal naturaleza que por sí solos, sin necesidad de ninguna otra prueba complementaria, evidencian nítidamente la causación de un grave daño a la Administración y a los ciudadanos».

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/01/07/expulsan-cuerpo-guardia-civil-accidento-ebrio-coche-oficial/0003_201601G7P11991.htm