La Guardia Civil suspende a un sargento por violar a una agente

El director de la Guardia CivilArsenio Fernández de Mesa, ha suspendido de funciones y cesado en su destino al sargento O. M. G,. tras haber recibido oficialmente el auto de procesamiento dictado por el Juzgado Militar Territorial Nº 14 con sede en Cartagena, por un presunto delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o inhumano en concurrencia con otro contra la libertad e indemnidad sexual en concurso con lesiones psíquicas graves y maltrato.

Según una nota del instituto armado, la decisión del responsable político de la Guardia Civil se basa, además de en la gravedad de los hechos investigados, en que estos “han provocado una importante alarma social, hieren la sensibilidad de los ciudadanos en general y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el investigado”.

Aunque el auto de procesamiento está fechado el 24 de junio, no ha sido hasta este miércoles al mediodía, pocas horas despúes de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) realizara una rueda de prensa para denunciar los hechos, cuando se ha conocido la adopción de medidas cautelares contra el sargento.

El auto de procesamiento subraya que la guardia civil C. M. “tenía que atender los deseos sexuales de su jefe, el sargento O. M., contra su voluntad so pena de sufrir un mal mayor que podía ser físico o perjdicarla en su trabajo, todo ello unido a un trato vejatorio, si no se sometía con prontitud o aceptaba con agrado la relación extramatrimonial que el sargento le había impuesto”.

Tras relatar que la agente fue violada repetidamente por su superior, quien la presionó para que abortase cuando le dijo que estaba embarazada, la juez agrega que “las vivencias de terror y relación de ofensas” provocaron en la víctima “un trastorno psicológico complejo y grave”. Se da la circunstancia de que C. M. estaba destinada en la unidad de atención a las víctimas de violencia de género.

Fuente: El Pais.

El portavoz nacional de la AUGC dimite para unirse a Podemos

Podemos, el partido de Pablo Iglesias, pesca ya hasta en las filas de la Guardia Civil. Este es al menos el caso del isleño Juan Antonio Delgado, hasta ayer portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y que ha sido incluido por el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, en su primera lista de los 65 nombres que le acompañarán en la candidatura para las elecciones generales de finales de año.

Juan Antonio Delgado ha formalizado su dimisión como portavoz y secretario de Comunicación de la AUGC. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se subrayaba ayer que la participación política de Juan Antonio Delgado es “un proyecto personal” que no tiene nada que ver con la AUGC, que ha insistido en su posición política “equidistante”. No obstante, este colectivo desea a su ya ex portavoz nacional “la mejor de las suertes posibles”.

Antes de ir en una lista electoral, Delgado deberá pedir una excedencia en la Guardia Civil. Nacido en San Fernando hace 44 años, Juan Antonio Delgado Ramos ingresó en la escala básica de la Guardia Civil en 1993. Su primer destino fue la Unidad del Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde tomó por primera vez conciencia sobre las carencias de los derechos de los agentes. Ello le llevó a afiliarse en primer lugar a la legalizada asociación Coproper (Coordinadora pro-perjudicados por la gestión de Luis Roldán y contra la corrupción) y más adelante, en 1997, a la AUGC.

Una vez destinado al cuartel de Barbate, Delgado reactivó el papel de esta asociación en la provincia de Cádiz, acercando la misma a otras centrales sindicales, defendiendo con firmeza los derechos de los agentes y denunciando la precariedad con la que, opinaban, tenían que realizar su cometido. Esta labor le reportó más de una sanción por parte de la cúpula de la Guardia Civil y su ascenso en el organigrama de la AUGC, llegando a ser su portavoz nacional.

Repulsa de la UniónGC hacia José Antonio Abellán

Unión de Guardias Civiles-UniónGC, Asociación profesional representativa en el Cuerpo de la Guardia Civil que cuenta con dos Vocales en el Consejo de este colectivo, por medio del presente Comunicado de Prensa, EXPONE:

Desde La Unión de Guardias Civiles-UnionGC, mostramos nuestra más absoluta indignación y repulsa por las palabras de D. José Antonio Abellán Hernández en un programa de la emisora “4G Radio”, en las que en relación al incendio del “cementerio” de neumáticos de Seseña (Toledo), y como crítica a una supuesta inacción del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), ha manifestado:

“son lo peor de lo peor de este país con diferencia; lo más podrido que tiene un santo Cuerpo como el de la Guardia Civil; van como…….rastreros ahí escondidos mirándole una cesta a un pescador………no van nada más que a robar, a robar tiempo a la gente y a robarle la paciencia a la gente;

Fuente: El pueblo de Ceuta

En relación a la misma polémica, manifiesta sobre el SEPRONA, “que ni está ni se le espera”, para después pasar criticar actuaciones sobre pescadores o seteros, acusando “a gente alrededor del SEPRONA” de ganar dinero con las setas que incautan a la gente que las recolecta de forma ilegal, poniendo en duda el destino final de las mercancías retiradas.

Pues bien, la Unión de Guardias Civiles-UnionGC, no está dispuesta a tolerar que gente desde un “púlpito”, ofenda y difame a nuestros compañeros.

Sr. Abellan, El SEPRONA fue el primer servicio de protección de la naturaleza de un cuerpo policial del mundo.

Es envidiado y admirado por su buen hacer, de hecho otros cuerpos policiales, vienen a España a formarse en el curso de especialización del SEPRONA. Los Guardias Civiles estamos orgullosos de nuestros compañeros, de su trabajo, de su profesionalidad y de su dedicación. Esto no quiere decir que no halla miembros de la especialidad que no actúen con la deontología debida, pero eso no le da derecho a insultar con sus palabras a cientos de personas, o ¿acaso es usted responsable de las palabras de todos los periodistas del mundo?

Sr. Abellan demuestra usted un desconocimiento total de la especialidad de la Guardia Civil, sus palabras más suenan a “vendetta”, que a crítica reflexiva, motivada y con contenido. Demuestra también desconocimiento del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. La Guardia Civil no puede proceder contra “tal o cual” persona por que usted lo diga; la Guardia Civil, trabaja bajo el imperio de la Ley y a él se debe; la Guardia Civil puede hacer informes, tomar muestras y pedir análisis, e instruir denuncias de carácter administrativo y/o penal. En este caso concreto, ese trabajo está hecho, y posteriormente elevado a quien es competente para tomar decisiones, es decir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero ahí termina la labor de la Guardia Civil. No pida usted algo que aparte de ilógico es ilegal.

Hablar es gratis, y usted no se da cuenta o tal vez si, del daño que hace con sus palabras y por ese motivo, desde la Unión de Guardias Civiles le exigimos una rectificación de sus palabras por ofensivas e injustas, y nos reservamos el derecho de acudir a los tribunales, pues entendemos que sus irresponsables declaraciones pueden constituir un delito de calumnias, recogido en el artículo 205, y otro de injurias recogido en el artículo 208, ambos de nuestro vigente Código Penal.

Desde la Unión de Guardias Civiles (UnionGC), se tiene conocimiento de que por parte del SEPRONA se han instruido las correspondientes diligencias e informes para el Juzgado competente en varias ocasiones por las condiciones del cementerio de neumáticos de la localidad de Seseña, además de proceder a la detención de su dueño.

Asimismo instamos a la Dirección General de la Guardia Civil, a “tomar cartas en el asunto” en defensa de sus Guardias Civiles, y de una especialidad poco cuidada, poco prestigiada y poco apoyada desde esa Dirección.

Una asociación de guardias civiles denuncia a Otegi por enaltecimiento del terrorismo

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el dirigente abertzale Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA durante unas declaraciones realizadas recientemente en un programa televisivo. Esta asociación de guardias civiles considera que, en una entrevista emitida recientemente en el programa Salvados de La Sexta, Otegi pretendió “justificar la actuación de ETA”, por lo que se ha producido un “afán de sacar sus delitos tales como asesinato, extorsión y secuestro de la faceta delictiva”, aseguran. En su opinión, esta actuación que se ve agravada en un entorno democrático y vulnera los artículos 578 y 579 del Código Penal. Así lo han explicado  en una rueda de prensa, celebrada en la sede de UGT Madrid, el director jurídico de UniónGC, Antonio Andrés, el secretario general de este colectivo, Ramón Rodríguez, y el secretario de prensa, José Manuel Manrique. Además, UniónGC entiende que durante la entrevista, Otegi humilló a las víctimas de ETA tratándolas como “caídos en guerra”. “No ha habido una guerra y ninguna de las víctimas ha participado en la situación de conflicto que él describe”, ha apuntado Andrés. Rodríguez ha recordado que el colectivo de la Guardia Civil ha sido el “más castigado” por ETA, ya que sus más de cuarenta años de actividad ha costado la vida a 212 agentes de este Cuerpo. “No vamos a permitir ni un exceso más de estas ratas asesinas que ahora se posicionan como víctimas de una guerra. ¿Pero de qué guerra estamos hablando, de la del tiro en la nuca que ellos practicaron con tanto acierto?”, se ha preguntado el secretario general de UniónGC. Rodríguez ha manifestado que seguirán luchando por las víctimas y no tolerarán “ningún exceso por parte de estos elementos”, por lo que pondrán en manos de la Justicia este tipo de situaciones. “Bastante daño han hecho ya para que las víctimas tengan que seguir sufriendo”, ha indicado, para finalizar ensalzando la “cordura” de todas ellas, que nunca han decidido tomarse la justicia por su mano.

Fuente: 20 Minutos

Acusan a un policía de trapichear y «soplar» redadas a clubes de alterne

Fue a finales del 2006 cuando la Guardia Civil y la Fiscalía de Pontevedra comenzaron a desentrañar lo que pronto empezaron a considerar una activa red de trapicheros que actuaba en buena parte de la provincia. A medida que fue avanzando la investigación se determinó que podía estar ramificada en media docena de grupos -dos con base en O Grove, otros tantos en el entorno de la ciudad de Pontevedra, uno a caballo de Ribadumia y Meis, y el último en Porriño- independientes, lo que a la postre ha derivado en que se formalizase acusación contra más de una veintena de personas.

Entre los procesados, un policía nacional que, en el momento de su arresto en abril del 2007, estaba adscrito a la Comisaría Provincial de Pontevedra. El fiscal considera que Lucas Rodríguez Pazos «simultaneaba su actividad profesional» con «su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban».

En su escrito, el ministerio público reseña que, en un momento, dado se vio «en la necesidad de buscar nuevos proveedores fuera de la provincia». En este sentido, se alude a que supuestamente concertó con Benito Lemos Pérez la adquisición de diez kilos de hachís «que pensaba cambiar por la cocaína que necesitaba» mediante un trueque con otro de los encausados, Santiago Figueira.

A los tres años y medio de prisión que se le piden por un delito contra la salud pública, el fiscal añade una segunda petición de 5.040 euros de multa y año y medio de inhabilitación como policía nacional por un segundo delito contra la Administración Pública de revelación de información reservada.

A este respecto, se sostiene que «avisó de una redada que se pensaba efectuar en el club Cachas Locas a su gerente» con el objetivo de que «las prostitutas extranjeras ilegales que trabajaban allí pudieran irse antes de ser detenidas». Significativa es otra conversación entre este agente y el también acusado Ramiro Castiñeira Martínez en la que este último «le recriminan el no haberles avisado a tiempo» de una redada, así como le comunicaron que los agentes de la brigada de extranjería se habían llevado a una de las chicas «por tener una orden de expulsión para ver si puede hacer algo por ella».

Con respecto a Ramiro Castiñeira se afirma que utilizaba los clubes Cachas Locas y Le Clé, ambos en Poio, para transacciones de estupefacientes. La dinámica en el primero de estos locales era siempre la misma: «Los compradores entraban por la puerta trasera y salían inmediatamente con la droga adquirida».

A la hora de establecer las peticiones de pena, el fiscal asume que la causa ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por «causas imputables solo a la Administración de Justicia, ajenas a los acusados». Se trata de una circunstancia que lleva al ministerio público a aplicar una atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias.

Esto explica que las penas por tráfico de drogas se muevan entre el año de prisión y los cuatro años y medio dependiendo si se estiman que trapicheaban con hachís y marihuana -drogas que no causan grave daño a la salud- o si lo hacían con cocaína. De igual modo, también hay a quien se le imputa tenencia ilícita de armas -se le intervinieron 9 catanas, 88 navajas y diversas armas detonadoras-.