Policías sobre la ‘ley mordaza’ española: vulnera derechos ciudadanos y complica las actuaciones

Primero fue el rechazo de la totalidad de los partidos políticos de la oposición y las asociaciones civiles a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La calle también recogió el malestar de los españoles respecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y de la reforma del Código Penal. Una legislación que relega el papel del estamento judicial en los recursos a las sanciones impuestas por un agente a un ciudadano en relación a actos de protesta.

De hecho, hasta la propia ONU considera esta normativa como una amenaza “contra los derechos y libertades fundamentales de los individuos”. El texto legislativo está, además, recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, seguramente, las críticas que han gozado de menos visibilidad y las más dolorosas son las que proceden de algunos colectivos de los cuerpos de seguridad del Estado español, es decir, de parte de los efectivos que deben garantizar su aplicación y para los que ésta constituye una herramienta de vital importancia en el desarrollo de su trabajo.

Sólo dos de los cinco colectivos consultados por VICE News se declaran ampliamente favorables al planteamiento de esta joven legislación. Uno de ellos es la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Con todo, José Cobo, secretario de comunicación de esta agrupación, reconoce a VICE News que en una ley de estas características “si los agentes ganan en derechos, la ciudadanía pierde”.

“Yo miro por el cuerpo y los agentes están más protegidos porque muchas sanciones [impuestas por los efectivos de las fuerzas de seguridad] que pasaban por la vía judicial, ahora se resuelven con una multa “, explica el portavoz de AEGC.

Cobo se refiere a uno de los aspectos clave y más polémicos de esta ley y mediante el cual se sustrae a los jueces el control previo en la sanción de conductas.

“Antes, una sanción impuesta por los agentes [por insultar o agredir a un policía, por ejemplo] era recurrible ante un juez. Ahora, en cambio, se debe recurrir ante la delegación del gobierno y si se pierde sólo puede llevarse al juzgado tras el pago previo de la multa, lo que también implica, claro, hacerse cargo de los costes judiciales”, explica a VICE News Antonio Trevín, portavoz de la comisión de interior del partido socialista (PSOE) en el Congreso.

Hay que pensar, añade este diputado, “que los juzgados sólo solían confirmar el 10% de las sanciones [impuestas por los agentes]”.

Como el PSOE, el resto de los partidos de la oposición se han manifestado en contra de esta ley, que entró en vigor el pasado mes de julio gracias al único apoyo del gubernamental Partido Popular que, por entonces, gozaba de mayoría absoluta en la cámara legislativa. Ahora, con la pérdida de más de 60 escaños en los últimos comicios generales parece que esta iniciativa tiene los días contados.

“Esta ley fue aprobada por rodillo parlamentario, con la oposición de todos y sin que nos consultaran nada”, se lamenta Emilio Diz, portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), durante su conversación con VICE News.

La normativa, que utiliza fórmulas de sanción poco claras como aquellas que se refieren a la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” entorno a las sedes de las cámaras legislativas o los parlamentos autonómicos, nació tras los convulsos y contestatarios años de la crisis que llenaron las calles de manifestaciones y concentraciones contra los recortes y la corrupción.

Además, la controvertida normativa sanciona los actos destinados a evitar desahucios o los escraches, así como el “escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.

“Nos manifestamos totalmente en contra [de esta ley] porque nos oponemos a cualquier iniciativa que restrinja los derechos fundamentales de los ciudadanos”, asegura Diz. En este sentido, el portavoz asegura que se trata de una normativa para acallar los cánticos y los gritos de protesta. “No creo que se haya hecho pensando tanto en la protección y honorabilidad de los agentes, sino para recortar la libertad de expresión [un insulto a un político también puede ser origen de una sanción] y con fines recaudatorios”.

Así, la ley sanciona con entre 30.000 y 600.000 euros “las manifestaciones no autorizadas o prohibidas ante infraestructuras críticas” y aquellos comportamientos que puedan “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos” o como se adelantaba en este artículo “frente al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos”.

“Hay que aclarar que se entiende por perturbar, ¿quemar contenedores, impedir el paso a un edificio público? No podemos dejar en manos de los agentes esta interpretación porque entonces dependerá de lo retrogrado o progresista que sea éste y [en última instancia] del carácter democrático del delegado o subdelegado que deba decidir”, considera Diz.

En los mismos términos se expresa Javier Estévez, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario con cerca de 30.000 policías nacionales afiliados, para quien la ley es demasiado “difusa” e imprecisa.

Para Estévez, la normativa cuenta con aspectos positivos como la sanción de los escraches que éste agente considera una violación de la intimidad. Sin embargo, asegura, “no da, en muchos casos, mayores garantías al trabajo policial, ya que por sus frases de contenido indeterminado y poco concretas (perturbación grave, injerencia mínima…) no facilita la labor policial ni el entendimiento de esta por los ciudadanos” y, además, “supone un verdadero recorte de derechos de los ciudadanos”.

Estévez asegura que ante las protestas sindicales de policías realizadas recientemente, algunas delegaciones y subdelegaciones del gobierno querían utilizar la ley Mordaza para identificar a los agentes concentrados y sancionarlos “con entre 600 y 30.000 euros”. Algo que, finalmente, no llegó a suceder.

Aunque la ley tenga importantes inconvenientes, concluye, la solución no es la derogación, sino la modificación, “hay que mejorarla”.

La Policía sólo tiene vetado el derecho a la huelga, mientras que la Guardia Civil tampoco goza del derecho a manifestarse por lo que la ‘ley mordaza’ nunca podría ser utilizada contra los intereses gremiales de la Benemérita que obedece a un régimen de naturaleza militar.

En el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana también se sancionan “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.

De hecho, la primera vez que se aplicó la ‘ley mordaza’ fue por este último supuesto. Eduardo Díaz, un joven de Güímar, una localidad de las Islas Canarias, colgó en Facebook un texto sarcástico en el que se refería a la labor de la Policía Municipal, a la que denominaba “casta de escaqueados” y poco después recibió una propuesta de sanción [pendiente de resolver por la delegación del gobierno en esta comunidad] de entre 100 y 600 euros.

“Nadie demandó esta ley que, aunque nos protege [a los agentes] castiga duramente derechos fundamentales como el de manifestación”, asegura Juan Antonio Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a VICE News. Queremos protegernos pero sin que esto signifique limitar los derechos de los ciudadanos, resume Fernández.

Otro aspecto polémico y que atañe directamente a las fuerzas de seguridad es la penalización de la difusión no autorizada de imágenes de sus acciones. En este sentido, Jesús Andrés de Dios, portavoz del Sindicato Profesional de la Policía, entiende que casos como los de la mujer de Petrer (Alicante) multada con 800 euros por captar una foto de un coche de la policía aparcado en una zona reservada para personas con discapacidad y publicada en una red social no debería ser motivo de sanción.

Con todo, Andrés de Dios, como Cobo y a diferencia del resto de entrevistados, considera que la mayor parte de los cambios impulsados por la ley, en aspectos como las sanciones por falta de respeto a los agentes, son positivos y contribuyen a la mejora de la seguridad.

 

 

 

 

https://news.vice.com/es/article/policias-sobre-ley-mordaza-espanola-vulnera-derechos-ciudadanos-y-complica-actuaciones

La policía detiene a una guardia civil por traficar con cocaína

La mujer quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando fuera requerida

 

El pasado miércoles la Policía Nacional detuvo en Valencia a una agente de la Guardia Civil en una operación antidroga llevado a cabo entre la localidad de Cullera y la propia capital, que se saldó con la incautación de 10 gramos de cocaína así como con el arresto de otro varón, al que se le intervino una cantidad idéntica de esta sustancia y al que se le acusa de ser el encargado de comercializarla.

La información rcogida por ‘Las Provincias’ hace referencia al inicio de las investigaciones tras la autorización de un juzgado de Huesca a intervenir las comunicaciones de la sospechosa, que desvelaron que la droga iba a ser distribuida en la capital oscense o provincia. Por ello, dos miembros de la Policía Nacional de la región se desplazaron hasta Valencia para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo a la mujer.

Los acontecimientos les llevaron hasta un domicilio de Valencia donde residía el supuesto traficante de drogas. La agente de la Guardia Civil fue detenida el miércoles y fue trasladada a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial. Fuentes jurídicas confirmaron al citado medio que la mujer quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando fuera requerida para ello. Al hombre se le intervinieron 30 gramos de cocaína.

Por otra parte, desde el ayuntamiento de la localidad valenciana se asegura que esta mujer de 34 años no llegó a prestar servicio en la localidad por los diferentes expedientes disciplinarios que tiene abiertos. En su momento fue investigada por un delito de tráfico de armas.

 

 

 

 

 

 

http://www.ideal.es/nacional/201512/28/policia-detiene-guardia-civil-20151228114353.html

Municipios de Bildu piden a sus policías que marginen a Policía Nacional y Guardia Civil

La consigna es clara: marginar al máximo posible a Guardia Civil y Policía Nacional en Navarra para reducir su presencia en el medio y largo plazo. Para conseguirlo, los alcaldes de varios municipios gobernados por Bildu ya han dado la orden, incluso por escrito, a sus jefes de Policía Municipal de “priorizar a Policía Foral” sin tener en cuenta otro tipo de criterios profesionales o de eficacia como si hay patrullas más cercanas de otros cuerpos policiales o con una menor carga de trabajo.
Antes del 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales, la colaboración entre las policías municipales, Guardia Civil y Policía Nacional era plena en todos los sentidos. Si los agentes de Policía Nacional o de la Benemérita solicitaban un dato para una investigación a una policía local, ésta lo proporcionaba de manera ágil. Y al revés. Si los agentes de una policía local necesitaban ayuda para un determinado asunto, acudían, en función del tipo de caso que fuera, los agentes de Guardia Civil o de Policía Nacional. Ahora, en cambio, la situación ha cambiado en los municipios gobernados por Bildu. Es más. Los alcaldes y concejales de área de seguridad ciudadana trasladan el mensaje a los jefes de sus policías locales de manera verbal y también por escrito.

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/10/25/municipios_bildu_piden_sus_policias_que_marginen_policia_nacional_guardia_civil_301566_2061.html

EH Bildu propone que la Policía Foral sustituya a la Guardia Civil de Tráfico

La consejera de Interior, María José ​Beaumont cree que la convivencia de policías en Navarra crea “desorden e ineficacia”

 

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha subrayado el derecho histórico de Navarra “a ostentar su correspondiente regulación de tráfico” y ha propuesto que la Policía Foral “asuma las competencias plenas y sustituya a la Guardia Civil“.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Navarra, en el que ha realizado una interpelación “sobre las competencias que en materia de circulación de vehículos a motor y tráfico rodado debieran corresponder a Navarra“.

“Ha llegado el momento de la recuperación de competencias de Navarra -ha manifestado Araiz-, asumiendo la Policía Foral esas competencias en exclusiva, sustituyendo a la Guardia Civil“. También ha destacado que es la hora de “recuperar el ejercicio de facultades en materia de tráfico que nunca debieron ser arrebatadas por el Estado”.

“Ya no existe la excusa de terrorismo ni de la violencia de ETA para asumir las competencias plenas en tráfico sin compartir con la Guardia Civil el control de las carreteras navarras”, ha añadido Araiz, que ha solicitado “que se vaya por la vía del derecho”.

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont, ha respondido que “el gobierno pondrá los medios necesarios para reconducir la situación”. “En el acuerdo programático se hacen continuas referencias a la negociación con el Estado sobre las competencias, y se considera prioritario asumir las de tráfico”, ha subrayado.

También ha considerado prioritario “negociar con el Estado el desarrollo escalonado de la Policía Foral, para que asuma las competencias plenas”. “El modelo actual, de yuxtaposición de policías, no resiste ningún debate serio sobre su idoneidad”, ha añadido Beaumont, que ha considerado que “solo conlleva desorden e ineficacia con sobrecostes evidentes”.

“Las lagunas y duplicidades son constantes en el devenir de las policías”, ha apuntado la consejera, que ha añadido que es necesario “avanzar en el reajuste de las unidades, para que la Policía Foral desarrolle competencias exclusivas y las fuerzas del Estado las abandonen”.

Los grupos que sustentan el Gobierno se han mostrado dispuestos a reafirmar la necesidad de recuperar las competencias que corresponden a la Comunidad Foral, y han considerado apropiado iniciar las conversaciones necesarias para zanjar el tema competencialmente de la mejor manera posible.

Por su parte, el representante de UPN, Sergio Sayas, se ha mostrado de acuerdo en reivindicar las competencias históricas de Navarra, pero se ha posicionado en contra de “pedir que la Guardia Civil se vaya de Navarra con la excusa de la yuxtaposición de policías”. Sayas ha asegurado que “tiene que haber Guardia Civil porque hay cuestiones que excedan el ámbito de esta comunidad”.

La portavoz del PSN, María Jurío, se ha mostrado temerosa por ser “una interpelación presentada en manos de EH Bildu“. “No sabemos si realmente creen en la Policía Foral como policía integral, con todo lo que ello conlleva, y creemos que la está usando como medio para lograr el fin que quiere, que es expulsar a la Guardia Civil”, ha advertido.

La representante del PPN, Ana Beltrán, se ha preguntado “por qué cambiar lo que funciona bien”. “La Guardia Civil y la Policía Foral están trabajando conjuntamente, de un modo adecuado y sin problemas”, ha destacado Beltrán, que ha advertido que “la única pretensión de la interpelación es que EH Bildu consiga el objetivo que llevaba en su programa, la desaparición de la Guardia Civil, una reivindicación histórica de ETA que comparten”.

 

 

 

 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/10/22/beaumont_cree_que_convivencia_policias_navarra_crea_desorden_295730_2061.html

Tirón de orejas a la Policía Nacional de Madrid por llevar a los detenidos a dormir al calabozo en vez de presentarlos al juez

La Defensora del Pueblo envía una recomendación a la Dirección General de la Policía para que la detención no dure más de lo estipulado por la ley, ya que lo contrario vulnera los derechos fundamentales.

La Defensora del Pueblo ha enviado una “recomendación” a la Dirección General de la Policía para que modifique el procedimiento que siguen los policías nacionales de Madrid con los detenidos que pasan en los calabozos más tiempo del que establece la ley.

El abogado Antonio Alberca Pérez, presidente de la Asociación Justitia et Veritas, elevó una queja a Soledad Becerril, ya que consideraba que las detenciones superaban el tiempo que marca la norma. La queja tenía que ver con la costumbre de la Policía Nacional de que, sin ninguna justificación, trasladaba a todos los detenidos por la noche a dormir a las instalaciones policiales de Moratalaz, en vez de llevarlos inmediatamente ante el juez.

La Dirección General de la Policía confirmó a la Defensora del Pueblo los datos que había facilitado el letrado respecto a los trámites seguidos con los detenidos antes de su puesta a disposición judicial. En la respuesta al letrado, la institución cita el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, la Defensora del Pueblo insta a la Policía a que modifique el procedimiento de las brigadas y comisarías de Madrid para poner a los detenidos a disposición judicial “de manera que no dure más del tiempo estrictamente necesario para practicar las diligencias del atestado policial”.

El presidente de Justitia y Veritas ya había denunciado esta situación al ministro del Interior, Jorge Fernández, que le contestó, por medio de uno de sus altos cargos, que esta situación se producía “por disposiciones verbales de distintos jueces decanos, al no poder materializarse de otra forma, dado el volumen de detenidos diarios que pasan a disposición (100 aproximadamente)”.

En su queja al ministro, Alberca explicaba que esta situación no se produce en otros puntos de España y denunciaba que “se prolonga ilícitamente la duración de la detención” durante más horas de las marcadas.

El letrado señalaba que el detenido, una vez practicadas todas las diligencias policiales de investigación, no es puesto inmediatamente a disposición judicial, tal y como se dispone en la Constitución, “sino que debe esperar encerrado en una celda de comisaría a veces un día completo”. Alega que esta situación carece de sustento legal y es contraria a la Constitución y otras normas de menor rango.

 

http://vozpopuli.com/actualidad/70217-tiron-de-orejas-a-la-policia-nacional-de-madrid-por-llevar-a-los-detenidos-a-dormir-al-calabozo-en-vez-de-presentarlos-al-juez